Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

CC.OO y UGT instan al Parlamento a reformar el Código Penal para dejar de "criminalizar" el derecho de huelga

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, han enviado este viernes una carta a los Grupos Parlamentarios en la que reclaman una reforma del Código Penal para dejar de "criminalizar" el ejercicio del derecho fundamental de huelga.
Según han denunciado los sindicatos, tanto el artículo 315.3 como el artículo 172 del Código Penal, relativo al delito de coacciones, "se están utilizando para criminalizar la actuación de los piquetes de huelga en lugar de proteger la relación colectiva de trabajo y el propio derecho de huelga".
Toxo y Álvarez registrarán en el Congreso su propuesta de reforma del Código Penal el próximo martes. En ella reclaman la derogación del artículo 315.3 y la modificación del artículo 172 al entender que "minan" la salud de la democracia española y recortan su Estado de Bienestar.
Ante la posibilidad de que el Parlamento tome en consideración debatir la eliminación del citado artículo, los sindicatos quieren que se tenga en cuenta su propuesta. En su opinión, es "imprescindible" una adecuación legislativa, a través del cauce normativo correspondiente, que permita suprimir sin más, "cualquier criminalización del derecho de huelga".
CC.OO. y UGT critican que el derecho de huelga esté siendo "duramente cuestionado en España de diversas maneras", entre ellas, mediante la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal, "redactado durante la dictadura de Franco y que llevaba sin aplicarse desde entonces hasta las últimas huelgas generales".
En este sentido, denuncian que el recurso de la Fiscalía a este artículo en las últimas huelgas ha provocado que más de 300 sindicalistas estén en situación procesal o acusados de diversos actos "por ejercer su legítimo derecho a la huelga".