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Bruselas pide multas para los asesores que escondan modelos de planificación fiscal agresiva de sus clientes

Propone obligar a los intermediarios a informar sobre los esquemas multinacionales de optimización fiscal
La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta que obligará a intermediarios - como abogados, asesores, contables o bancos - a informar a las autoridades tributarias nacionales sobre los esquemas multinacionales de optimización fiscal que diseñan para sus clientes y exigirá a los Estados miembros que impongan multas a aquellos que no cumplan con estas medidas de transparencia.
La propuesta del Ejecutivo comunitario persigue el objetivo principal de combatir la evasión y la elusión fiscal a raíz de escándalos como los 'papeles de Panamá', que revelaron la existencia de cientos de empresas en paraísos fiscales en las que participaban responsables políticos y personalidades del ámbito internacional.
Bruselas ha destacado en un comunicado que estas revelaciones han demostrado el papel esencial de los intermediarios fiscales para que compañías e individuales puedan eludir el pago de impuestos a través de "complejos" entramados fiscales transfronterizos.
Por ello, la propuesta de la Comisión Europea establece que los esquemas fiscales transfronterizos que cumplan determinadas características deberán ser "automáticamente" comunicados a las autoridades fiscales nacionales antes de que hayan sido utilizados y en un plazo de cinco días desde que se llegó a un acuerdo con el cliente.
Posteriormente, los Estados miembros tendrán que intercambiar la información que reciben sobre estos modelos de planificación fiscal a través de una base de datos centralizada, de forma que puedan tener acceso a un sistema de "alertas tempranas" sobre nuevos riesgos de evasión fiscal y puedan actuar para adoptar medidas que bloqueen estas prácticas.
Además, el Ejecutivo comunitario ha apuntado que los países del bloque comunitario tendrán que imponer multas "efectivas y disuasorias" para aquellos intermediarios que no cumplan con los requisitos de transparencia. Bruselas ha destacado que la decisión sobre la "naturaleza exacta" de estas sanciones corresponde a los Estados miembros y podrían incluir desde sanciones administrativas a multas económicas.