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Bruselas pide que los países analicen los riesgos de aprobar nuevas normas sobre servicios profesionales

La Comisión Europea ha presentado este martes un paquete legislativo en el campo de la economía de servicios que incluye la introducción de un "examen de proporcionalidad" en los países de la Unión Europea para evaluar si realmente es necesario aprobar nuevos requisitos sobre servicios profesionales, de forma que no se impida "más de lo necesario" la entrada en el mercado de otros operadores.
En concreto, según la propuesta, los Estados miembros tendrán que identificar el riesgo sobre los consumidores de las nuevas regulaciones, el nivel de este riesgo y las medidas específicas para contrarrestarlos. También tendrán que considerar sus efectos en el sector y la creación de empleo, así como la acumulación de burocracia.
El Ejecutivo comunitario ha resaltado que, en conjunto, los Estados miembros tienen un total de 5.500 regulaciones sobre servicios profesionales (aquellos empleos que necesitan una autorización o certificado previo para desarrollar su actividad). Estas normas afectan al 22% de la población activa y a casi 50 millones de personas en la UE.
El objetivo del denominado "examen de proporcionalidad" es establecer en los países del bloque comunitario un método de análisis que permita evaluar si es necesario incluir nuevas normas, de forma que se garanticen "importantes" objetivos, por ejemplo en la salud y la seguridad, y al mismo tiempo no dificultar "más de lo necesario" la oferta de servicios.
Bruselas ha destacado que los socios europeos que han abierto sus servicios se han beneficiado de una mayor oferta y unos precios más bajos para los consumidores, y pone los ejemplos de Italia, Portugal, Polonia y España, donde esta apertura ha resultado en un mayor atractivo para la inversión extranjera.
En cualquier caso, el Ejecutivo comunitario ha asegurado que este procedimiento no desregula los servicios profesionales de la UE, sino que se basa en la necesidad de seguir unos pasos basados en evidencias, transparentes y objetivos. Además, Bruselas ha afirmado que no supondrá una caída en la calidad de los servicios.
De forma paralela, la Comisión Europea propone la creación de una guía de recomendaciones para mejorar los servicios profesionales. Mientras que el examen busca garantizar la necesidad de nuevas normas, esta guía está pensada para mejorar la adecuación de las regulaciones ya aprobadas.
Las directrices se centrarán en la legislación que sea "particularmente pesada" incluso si persigue objetivos como la protección o la seguridad de los consumidores. No obstante, incluirán profesiones de importancia económica y potencial de crecimiento y creación de empleo. Asimismo, Bruselas pide introducir un nuevo procedimiento de notificación que obligaría a los Estados miembros a notificar los cambios normativos en este campo antes de su adopción final.
E-CARD
De mismo modo, Bruselas ha propuesto poner en marcha un procedimiento electrónico o 'e-card' para facilitar a los proveedores de servicios de negocios y de servicios de construcción las gestiones administrativas para operar en otros países del bloque comunitario.
Según este procedimiento, el proveedor interesado entregará una solicitud a las autoridades pertinentes de su país, que serán las encargadas de verificar los datos necesarios y de transmitirla al país de acogida. El segundo Estado evaluará la solicitud y decidirá si aplica sis requisitos nacionales o si deniega la petición por razones justificadas.
Los proveedores podrán solicitar esta "tarjeta electrónica" para un servicio concreto en un país específico, y estará disponible tanto para la oferta de servicios temporales como para la apertura de filiales y agencias, aunque en ambos casos se aplicarán procedimientos diferentes.
El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, ha afirmado que "los obstáculos al comercio de servicios son un freno a la competitividad", al mismo tiempo que ha asegurado que "aprovechar mejor el mercado único ayudará a las empresas europeas a crear empleo y a crecer en los mercados de otros países".
"Hoy proponemos simplificar los procedimientos para los proveedores transfronterizos y una nueva forma más moderna de colaboración de los Estados miembros en la regulación de sus sectores de servicios", ha añadido.
Por su parte, la comisaria de Mercado Interiore, Elzbieta Bienkowska, ha recordado que los servicios representan dos tercios de la economía comunitaria y generan aproximadamente el 90% de los nuevos empleos. "Sin embargo, el mercado único no funciona con respecto a este sector, y en consecuencia desperdiciamos un importante potencial de empleo y crecimiento", ha defendido.