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Bruselas exige a Francia y Bélgica que pongan fin a las exenciones fiscales a sus puertos para enero de 2018

La Comisión Europea ha instado este jueves a Francia y Bélgica a "abolir las exenciones" fiscales que ofrece a las empresas que explotan sus puertos, con el fin de alinear sus regímenes fiscales con las reglas de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado.
El Ejecutivo comunitario da a los dos países hasta finales de 2017 para "tomar las medidas necesarias" para garantizar que a día 1 de enero de 2018 todos los puertos en su territorio estén sometidos a las mismas reglas impositivas que el resto de empresas.
Bruselas mantiene que los operadores portuarios deben ser gravados de acuerdo a las leyes nacionales habituales sobre impuesto de sociedades para "evitar distorsiones" en la competencia.
El Ejecutivo comunitario, además, ha pedido más información a los Estados miembros para seguir analizando el funcionamiento y sistemas impositivos de sus puertos, para "asegurar condiciones de competencia leal" en el sector portuario.
"Las exenciones injustificadas al impuesto de sociedades para los puertos distorsionan la competencia. Estos ejemplos deben desaparecer", ha declarado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, al anunciar la decisión.
En el caso de Bélgica, muchos de los puertos marítimos y fluviales del país, incluidos los de Amberes, Bruselas, Brujas, Lieja y Ostende, no están sujetos al régimen fiscal habitual, sino que se les aplica un sistema alternativo basado en tasas diferentes.
La tasa impositiva a los puertos belgas es "globalmente inferior" a la que se impone a otras empresas que ejercen su actividad en Bélgica, según ha explicado la Comisión.
En el caso de Francia, la mayoría de puertos están "totalmente eximidos" del impuesto de sociedades, incluidos los once "grandes" entre los que figuran Burdeos, Dunkerque, La Rochelle, Marsella, Nantes, París y los ultraperiféricos de La Guayana, Martinica y Reunión.
El Ejecutivo comunitario cree que las ventajas fiscales de que disfrutan los puertos en estos dos países les proporciona una "ventaja competitiva que viola las reglas de la UE" sobre ayudas públicas y rechaza que tengan un objetivo claro de interés general.