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El BOE publica la derrama extraordinaria de 2.000 millones para dar liquidez a preferentistas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el Real Decreto-Ley que establece una derrama extraordinaria de las entidades financieras al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del 3 por mil de los depósitos, cantidad con la que se conseguirá obtener entre 1.500 y 2.000 millones de euros, para dotar de liquidez a los preferentistas de Novagalicia Banco y Catalunya Banc.

Según el decreto, que entrará en vigor mañana, la derrama se va a distribuir por años, de modo que el 40% del total se dotará en los veinte primeros días de 2014.
La comisión gestora del FGD fijará la cuantía, pero podrá establecer exenciones de hasta el 30% para eximir a las entidades intervenidas por el FROB, así como a las de pequeño tamaño, con un balance inferior a los 5.000 millones, y se tendrán en cuenta las aportaciones a la Sociedad gestora de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
De este modo, las entidades que, como BBVA, no han entrado en el capital del 'banco malo' no podrán beneficiarse de estas exenciones, pero sí podrán hacerlo si participan en el accionariado de aquí a final de año.
Con este instrumento, los titulares de participaciones preferentes que las canjeen por títulos de Novagalicia Banco y Catalunya Banc recibirán un producto que podrá convertirse en líquido si así lo desean.
De este modo, se elimina la asimetría que estos inversores tenían con los preferentistas de Bankia, que pueden canjear estas participaciones por títulos de una entidad que cotiza en el mercado.
ARBITRAJE
El Real Decreto-Ley también incluye la creación de la Comisión de seguimiento de los procedimientos de arbitraje en los casos de participaciones preferentes, que estará presidida por la actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, y su vicepresidencia recaerá en el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy.
También estará integrada por la secretaria general de Sanidad y Consumo, el secretario general del Tesoro y el presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, así como de cualquier institución de consumo y autoridades que se considere oportuno.
La Comisión deberá quedar formalmente constituida en un plazo de 20 días desde la entrada en vigor de la norma y se extinguirá transcurridos dos años después, salvo que, por considerarse necesario, se decida prorrogarla por acuerdo en el Consejo de Ministros.
Entre las funciones de esta Comisión estará la redacción trimestral de un informe, que posteriormente se remitirá al Congreso de los Diputados, en el que se explique cómo se están desarrollando los procedimientos de arbitrajes. Además, deberá elaborar propuestas para la defensa de los ahorrados.