Auditores europeos denuncian "deficiencias" en la planificación de la política de desarrollo rural de la UE

Los auditores europeos han publicado un informe en el que examinan si el nuevo marco legislativo de la UE para el periodo entre 2014 y 2020 tiene "una nueva mayor orientación al rendimiento", así como si el nuevo proceso de programación fomenta programas de desarrollo rural "de buena calidad que generen mejores resultados".

El objetivo de la política de desarrollo rural del bloque comunitario es conseguir que la agricultura sea más competitiva, garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y las comunidades rurales.

En concreto, la UE tiene previsto destinar a la política de desarrollo rural casi 100.000 millones de euros entre 2014 y 2020 a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), que presta apoyo financiero a las acciones llevadas a cabo por los Estados miembros a través de los programas de desarrollo rural nacionales o regionales.

Para el periodo de programación 2014-2020 existen un total de 118 programas de desarrollo rural, de los cuales veinte son programas nacionales únicos y en ocho casos se trata de Estados miembros que optan por programas regionales. España es el quinto país de la UE al que le corresponde una mayor financiación a través del Feader (un 8% del total), por detrás de Francia e Italia (11%), Alemania (10%) y Polonia.

Así, tras haber examinado una selección de diez programas de desarrollo rural, entre ellos el de La Rioja, el Tribunal de Cuentas de la UE ha concluido que, aunque el marco estratégico persigue un enfoque centrado en los resultados, los programas aprobados son "largos y complejos" y tienen "deficiencias" que obstaculizan la consecución de los objetivos.

Los auditores señalan además los esfuerzos para centrarse más en los resultados "toparon con el problema recurrente de planificar un nuevo periodo de programación que comienza antes de poder contar con los datos adecuados y pertinentes en relación al gasto y a los resultados de periodos anteriores".

Por otro lado, el estudio ha analizado si la programación vigente de la política de desarrollo rural ha permitido una ejecución más rápida de los programas. En este sentido, el Tribunal de Cuentas europeo ha determinado que, pese a los esfuerzos de la Comisión Europea, los programas no empezaron a ejecutarse antes y el inicio del gasto fue incluso más lento que en el periodo anterior.

Ante estos problemas, los auditores europeos han recomendado a Bruselas que se asegure de que sus propuestas contribuyen a mejorar la coherencia entre programas. Además, piden al Ejecutivo comunitario que simplifique los documentos de programación y que reduzca el número de requisitos, así como que trabaje con los Estados miembros para garantizar que los informes de 2019 "proporcionan información clara y exhaustiva".

El informe del Tribunal de Cuentas de la UE también recomienda definir con más precisión los distintos tipos de indicadores, hacer balance de la experiencia en al ejecución del sistema actual y elaborar con tiempo las propuestas de política de desarrollo rural para después de 2020.