Hacienda aprueba los objetivos de déficit autonómico para el próximo trienio

Así lo ha confirmado el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en una rueda de prensa al término de la reunión.

En concreto, han vuelto a votar en contra de la senda 2018-2020 Cantabria y todas las comunidades socialistas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Valencia), incluyendo también Extremadura, que en el CPFF anterior del pasado 7 de julio se había abstenido, así como Cataluña, que ha rechazado la senda, mientras que la última vez no pudo votar porque asistió el secretario de Economía, Pere Aragonès, en lugar de un consejero.

Por su parte, han votado a favor de los nuevos objetivos el Estado y Canarias, junto a todas las regiones en las que gobierna el PP (Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia, La Rioja y Murcia), más Ceuta y Melilla.

El Ministerio de Hacienda relajó en la anterior reunión del CPFF del 7 de julio los objetivos de déficit autonómico que había propuesto el 29 de junio, pasando del 0,3% al 0,4% la meta de déficit para las CCAA en 2018, del 0% al 0,1% en 2019 y mantenía la meta de alcanzar equilibrio presupuestario ya en 2020. Esta relajación de 1.000 millones para el próximo año y otros 1.000 para 2019 es la senda que se ha aprobado definitivamente este jueves.

La décima de margen que otorga Hacienda a las CCAA en 2018 y 2019 procederá de la Seguridad Social gracias a los "buenos datos" de las cotizaciones, así como de los nuevos ingresos que se derivarán del aumento de las cotizaciones como consecuencia de la subida salarial que se fije en la negociación colectiva.

Estas metas de déficit autonómico suponen una redistribución dentro del conjunto de las administraciones públicas, si bien el objetivo global de déficit para los tres próximos ejercicios se mantienen.

Así, la meta de déficit público del 2,2% del PIB comprometida para 2018 quedaría repartida en el 0,7% para el Estado, el 1,1% para la Seguridad Social, el 0,4% para las CCAA y el 0% para los ayuntamientos.

Para 2019, el objetivo de déficit del 1,3% se derivaría de un déficit del 0,3% del Estado y del 0,9% de la Seguridad Social, frente al 0,1% de las CCAA y el equilibrio de las corporaciones locales.

El objetivo de déficit del 0,5% en 2020 prácticamente supondría registrar equilibrio presupuestario ya que las cinco décimas de déficit previstas para la Seguridad Social se verían compensadas con superávits de las entidades locales.

Asimismo, los objetivos de deuda pública del conjunto de CCAA fijados son del 24,1% para 2018 (cinco décimas más que lo acordado en diciembre), el 23,3% para 2019 (seis décimas más que en diciembre) y el 22,4% para 2020. Para la Administración Central y la Seguridad Social se fija un objetivo de deuda del 70,8%, el 69,5% y el 67,5%, respectivamente, y para las entidades locales del 2,7%, el 26% y el 2,5, en los próximos tres ejercicios.

Con ello, el conjunto de las administraciones públicas tiene como objetivos de deudas reducir hasta el 97,6% en 2018, al 95,4% en 2019 y al 92,5% en 2020.

A su vez, se mantiene el aumento del 2,4% de la regla de gasto para 2018, del 2,7% en 2019 y del 2,8% en 2020 acordados el 29 de junio.

Montoro ha informado en el CPFF del límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018, fijado en 119.834 millones, lo que supone un aumento de 1.497 millones respecto al techo de gasto de este año.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL, EN SEPTIEMBRE

Asimismo, ha explicado que, tras haber recibido el informe del comité de expertos para la reforma de la financiación autonómica y local, le va a remitir ese documento a la comisión técnica de evaluación del CPFF, en donde participan las administraciones en rango técnico.

"Va a permitir que progresemos en el diagnóstico del sistema actual y nazcan las propuestas de modificación, actualización de ese sistema de financiación", ha apuntado Montoro, quien ha insistido en que "o coincidimos entre todos o esto no sale", ya que "no puede nacer con 175 a favor y 173 en contra", como ha visto la luz el techo de gasto, ya que "no tiene ningún sentido y no ha ocurrido así".

En esta línea, ha marcado la necesidad de que al menos se cuente con el apoyo del "otro gran partido de España", el PSOE, y también con las CCAA gobernados por partidos nacionalistas.

El consejero de Hacienda de Aragón ha explicado que todas las CCAA y el Gobierno han manifestado su deseo de seguir adelante con la reforma del sistema de financiación autonómica, y ha indicado que se va a pedir al Gobierno que libere iniciativas para que se pongan en marcha "lo antes posible", por lo que "en el mes de septiembre se empezará a trabajar con el objetivo de fijar un nuevo sistema de financiación".

NUEVO CÁLCULO DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES

Además, el CPFF ha aprobado, con nueve abstenciones, el informe sobre el proyecto de real decreto por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas, modificando así el Real Decreto 635/2014 de 25 de julio.

La modificación busca clarificar el modo en el que se deben computar los días de pago, en consonancia con la directiva comunitaria y la normativa de morosidad y de contratación.

De igual forma, se han aprobado los planes económico-financieros presentados por nueve comunidades (Cataluña, Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias y Extremadura).

REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO: 676 ENTIDADES MENOS

Por último, Hacienda ha informado de los datos correspondientes al último semestre sobre el desarrollo del acuerdo en materia de reordenación y racionalización del sector público autonómico y de control, eficiencia y reducción del gasto público gestionado por el mismo.

Así, Montoro ha detallado que , a 1 de enero de 2017, las CCAA han llevado a cabo una reducción efectiva de su sector público de 676 entidades. Además, 199 entidades vigentes a esa fecha (enero) se han extinguido con posterioridad a la misma, están en fase de liquidación o han cesado en sus actividades, lo que supone un total de 875 entidades extinguidas o en fases muy próximas a la extinción.

De esta forma, el porcentaje de ejecución sobre los compromisos iniciales de 2012 de reducción de entes del 172%, frente al 168% registrado en el informe anterior.