(Ampl.) Fomento anuncia medidas para blindar las arcas públicas ante rescates como el de las autopistas

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado que emprenderá modificaciones legales para que futuras quiebras y rescates de contratos de concesión de infraestructuras, como el que actualmente afrontan ocho autopistas de peaje, "repercutan lo menos posible en el Estado y, por tanto, en el conjunto de los ciudadanos".

Entre estas medidas, De la Serna avanzó un cambio en la actual forma en que el Estado y la empresa adjudicataria de la infraestructura se reparten los riesgos de la concesión, fundamentalmente los relacionados con los costes de las expropiaciones, uno de los motivos de la actual quiebra de las autopistas.

Así, Fomento pretende que la empresa que se haga con el contrato de construcción y posterior explotación de una infraestructura no asuma los riesgos relacionados con la expropiación de los terrenos necesarios para construirla, "dado que ese un riesgo que no puede gestionar", según detalló el ministro, que atiende así a un reivindicación histórica del sector.

En este sentido, también pretende que el Estado pueda plantear recursos de "lesividad" cuando los importes que se fijen para las expropiaciones de terrenos se consideren "excesivos".

Además, el ministro promoverá una mejora en los proyectos de las infraestructuras que se construyan y exploten en régimen de concesión, que además tendrán que pasar y lograr el 'visto bueno' por la Oficina Nacional de Evaluación del Ministerio de Hacienda, organismo que se encargará "de determinar la conveniencia de que se lleve o no a cabo un proyecto".

"Se trata de articular nuevos instrumentos normativos que permitan que las situaciones de falta de rentabilidad o desequilibrio económico-financiero de las concesiones repercutan lo menos posible al Estado y, por tanto, al conjunto de los ciudadanos", anunció de la Serna en su primera comparecencia en el Congreso.

SORTEAR LAS CAUSAS DE LAS ACTUALES QUIEBRAS.

El sobrecoste que afrontaron por las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron constituye una de las causas de la situación de quiebra que actualmente afrontan ocho autopistas de peaje. En concreto, este coste ascendió a 2.200 millones de euros, cinco veces más respecto a los 400 millones inicialmente estimados.

Estas vías también se vieron afectadas por el desplome del 35% de sus tráficos durante la crisis y por la existencia de vías alternativas libres de peaje.

Los cambios normativos anunciados hoy por el ministro en el Congreso se aplicarán ya a futuros eventuales casos de quiebras de concesiones. En cuanto a las actuales, De la Serna aseguró que su Departamento "tratará de minimizar" el impacto económico que suponga para las arcas del Estado el rescate de las ocho autopistas.

El ministro no indicó el importe al que puede ascender la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) ante estas vías, esto es, el importe que debe abonar a las actuales concesionarias de las vías, en su mayor parte grandes constructoras, por la inversión que realizaron en su construcción. No obstante, en anteriores ocasiones ha indicado que será una cuantía inferior a la de unos 5.000 millones de euros que estima el sector.

LARGO CAMINO HACIA EL 'RESCATE'.

Asimismo, apuntó que, no obstante, aún queda mucho tiempo para que Fomento tenga que asumir las autopistas y pagar la correspondiente RPA. Según explicó, pueden pasar al menos seis meses desde el momento en que un juez dicte la liquidación de una autopista hasta que se rescinda el contrato de concesión y que, sólo cuando se anule este contrato, es cuando se comienza a calcular ese importe.

Por el momento, sólo tres vías están ya en liquidación. En el caso de la R-3 y R-5, están a la espera de que el juez apruebe el plan de liquidación, un plan que incluye el compromiso del Estado de quedarse con las vías antes de julio de 2017. Respecto a la tercera de ellas, la AP-36 Ocaña-La Roda, acaba de ser declarada firme su liquidación por la Audiencia Provincial de Madrid.

El ministro recordó, además, que está intentando alcanzar un acuerdo con los acreedores de las autopistas, que soportan una deuda de unos 3.400 millones de euros, con el fin de facilitar el rescate.

Se trata de un objetivo "francamente difícil", según reconoce, para el que ha recuperado el plan de rescate que Fomento diseñó en marzo de 2014. Este plan pasa por "reestructurar la deuda" de las vías y posteriormente integrarlas en Seittsa, la sociedad pública dependiente de Fomento.

Durante su comparecencia en el Congreso, el ministro aseguró, asimismo, que ante la quiebra de las autopistas su Departamento no actúa con decisiones políticas, sino que se limita a cumplir lo establecido en la ley para los supuestos de quiebra y liquidación de los contratos de concesión de las de infraestructuras públicas.