La AIReF inicia la revisión del gasto público con el análisis de las subvenciones públicas

Así lo ha detallado Escrivá durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos en el Congreso para informar sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de las administraciones públicas en 2017.

En concreto, la AIReF ha entregado ya un estudio encargado por la Generalitat sobre el análisis, los costes y el beneficio sobre la viabilidad de recuperar la concesión del eje transversal C-25 y ultima otro estudio sobre la racionalización del sector público empresarial en Cantabria.

De esta forma, inicia la primera fase de la revisión del gasto público que le encargó el Gobierno a principios de junio, consistente en la evaluación de las subvenciones públicas, lo que le llevará un año y medio aproximadamente.

Escrivá ha explicado que en los últimos meses el organismo ha mantenido reuniones con los distintos ministerios y las comunidades autónomas para terminar de establecer los ámbitos de análisis en el marco de la revisión del gasto público, que conllevará al menos tres ejercicios, aunque a finales de 2018 se podrían conocer los primeros datos referidos a las subvenciones.

Para ello, el Gobierno ha aprobado la incorporación de siete plazas en la Autoridad Fiscal este año y otras siete para el próximo año, mientras se discute la dotación presupuestaria y la utilización de recursos para su implementación.

Así, la AIReF trabajará en materia de acceso a datos, ya que ya ha encontrado "dificultades" en este punto con algunas administraciones, trabajará por unas directrices "adecuadas", así como por el uso de análisis basados en hechos, el seguimiento y la comunicación al público y la coherencia con la planificación presupuestaria.

SIETE PROYECTOS

Para la primera fase de evaluación de las subvenciones, la AIReF trabajará en siete proyectos que pasan por la evaluación de la estrategia y procedimiento de las subvenciones; de los medicamentos dispensados a través de recetas médicas, que suponen 10.000 millones de euros; y el análisis de las políticas activas de empleo, que alcanzan los 5.000 millones de euros (sin la Garantía Juvenil), para lo que se evaluará la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los 17 servicios de empleo.

De igual forma, evaluará la eficiencia de los 2.000 millones de euros en becas de educación universitaria; la promoción, el talento y la empleabilidad en I+D+i que desarrolla la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología y los fondos de fortalecimiento de la competitividad empresarial que lleva a cabo la Secretaría General de Industria.

Por último, también se va a encargar de evaluar las subvenciones a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos para cumplir con la prestación del servicio postal universal, que suponen unos 180 millones de euros anuales.