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Un juzgado advierte al consejero catalán de Cultura de su responsabilidad penal si no entrega obras de Sijena

El conseller afirma que cumple las leyes catalanas
Un funcionario ha entregado a las 9,00 horas de este martes 8 de noviembre al conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, una notificación del Juzgado 1 de Huesca en la que se le advierte de posibles responsabilidades penales si no cumple la ejecución de la sentencia que le obliga a entregar al Monasterio de Sijena 44 obras de arte depositadas en el Museu de Lleida.
La notificación es la primera que recibe personalmente el conseller y recoge los mismos términos del auto que el mismo juzgado ya envió a la Generalitat a mediados de octubre, ha informado a Europa Press la Conselleria.
Después de recibir el documento Santi Vila ha publicado un tuit en el afirma: "Recibo notificación juez Huesca por litigio Sijena @museudelleida. Quedo advertido de responsabilidades penales por cumplir las leyes de mi país".
El conseller ha recibido la notificación del juzgado un día después de que otro juzgado, en Rubí (Barcelona), haya admitido la petición del Consorcio del Museo de Lleida de demanda de juicio ordinario contra la Orden Santjoanista, la de las monjas de de Sijena por la reclamación de los gastos de conservación de las piezas que el Juzgado 1 de Huesca obliga a trasladar desde el museo leridano al monasterio oscense tras ser compradas por la Generalitat.
Esta demanda se presentó el pasado 20 de julio con el objetivo de acogerse al derecho de retención de las 44 obras de Sijena que hay en el museo y que se encuentran actualmente en litigio.
Según este derecho de retención, las piezas no se pueden trasladar hasta que la Orden Santjoanista de Sixena --actuales titulares provisionales después de la sentencia del enjuiciado número 1 de Huesca-- haya devuelto los importes económicos correspondientes a los gastos de conservación y mejora que ha realizado el Museo de Lleida durante los 17 años de posesión.
De esta forma, el Consorcio defiende, y quiere avalar ante el juzgado, que está en facultad de retener las obras en litigio hasta que la comunidad religiosa pague sus gastos de conservación, actualmente pendientes de determinar a través de una peritación económica.