Plataforma en Defensa de Libertad de Información envía una carta a Zoido para exigir el cese de amenazas a periodistas

En una carta fechada este miércoles 14 de junio, la presidenta de la PDLI ha trasladado a Zoido la denuncia del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) de los supuestos impedimentos que la Policía Nacional puso a la prensa para informar durante el desalojo de un Centro Social Ocupado el pasado sábado en Santiago.

En este sentido, la PDLI se suma a la condena de estos hechos y destaca que "lamentablemente no son casos aislados". "En los dos últimos años, las sanciones y amenazas a informadores por parte de la Policía se han producido de manera constante", recuerda.

"Desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) venimos denunciando que estas sanciones contra la libertad de información responden a un patrón: su 'camuflaje' bajo infracciones genéricas como "faltas de respeto y consideración" a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o 'resistencia a la autoridad'", señala su presidenta en la carta remitida a Zoido.

Asimismo, indica que los propios datos del Ministerio revelan que las multas por estos motivos aumentaron "significativamente" en 2016 respecto al año anterior, alcanzando un total de 31.591 sanciones: una cifra que consideran "desproporcionada con la situación real de la seguridad ciudadana en España".

"A esta situación en la PDLI la calificamos de 'censura camuflada'", ha remachado Pérez Alonso.

Tras repasar algunos casos concretos denunciados por la Plataforma, la PDLI recuerda que en todos ellos, la Defensora del Pueblo ha advertido a Interior que "la Policía está obviando la circunstancia de que la persona a quien se va a sancionar puede estarejerciendo un derecho fundamental, como informar o participar en una protesta, lo que convierte a gran parte de estas multas en inconstitucionales".

"Sr. ministro, si la función democrática de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es garantizar el disfrute de libertades fundamentales, resulta enormemente grave, tal como la Defensora del Pueblo considera acreditado, que sus actuaciones tengan la finalidad contraria: la de impedir, obstaculizar y amenazar el ejercicio un derecho básico y esencial como es la libertad de información", ha subrayado.