Organizaciones de periodistas exigen explicaciones a los ministros de Justicia, Interior y Exteriores sobre Hamza Yalçin

Asimismo, exigen "explicaciones" a los ministros de Justicia, Rafael Catalá, de Interior, Juan Ignacio Zoido, y de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, sobre la situación "suficientemente grave" de estos periodistas.

"El Parlamento no puede estar de vacaciones teniendo en España dos periodistas detenidos. La situación es suficientemente grave para que todos los ministros implicados, tanto el ministro de Justicia, que tendrá que decidir sobre la extradición, como el ministro del Interior, responsable de la detención de estas dos personas, como el ministro de Asuntos Exteriores, que no ha hecho ninguna acción internacional para presionar a que Turquía vuelva a un estado de normalidad democrática, comparezcan para dar explicaciones", ha subrayado en declaraciones a Europa Press la portavoz de la PDLI, Yolanda Quintana.

Asimismo, las organizaciones de periodistas han entregado a los portavoces de los grupos parlamentarios un informe con datos sobre la situación "de vulneraciones constantes de Derechos Humanos" en Turquía para que puedan argumentar su oposición a la extradición del periodista. Dicho documento también lo entregaron la semana pasada ante la Fiscalía General del Estado.

Según señalan en este estudio, en la Ley de Extradición Pasiva (LEP) existen "supuestos suficientes" para que España rechace los requerimientos de Turquía, una vez que este país formalice la solicitud de extradición de ambos autores dentro del plazo de cuarenta días con el que cuenta.

En concreto, citan el artículo 5.1. de esta norma "que permite rechazar la extradición cuando se tengan razones fundadas para creer que la solicitud se ha presentado con el fin de castigar a una persona por opiniones políticas"; el artículo 4.1 que contempla "que estas solicitudes se rechacen cuando se trata de delitos de carácter político" y el artículo 4.6, "al no ofrecer Turquía garantías suficientes de asegurar la integridad del periodista o la ausencia de tratos vejatorios, teniendo en cuenta que, desde hace un año, el Convenio Europeo de Derechos Humanos se encuentra suspendido".

"No tenemos ninguna duda de que si los diputados tienen toda la información sobre la situación en Turquía, van a manifestar su condena por estas dos detenciones y su rechazo a la extradición, cuando se debata este punto", ha apuntado Quintana. Precisamente, las organizaciones de periodistas han hecho llegar a primera hora de este jueves el informe a los diputados que están participando en la diputación permanente, donde está previsto que se debata este asunto.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Federación Internacional de Periodistas (IFJ/FIP) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) entienden que el arresto de Hamza Yalçin, a raíz de una orden de la Interpol cursada por Turquía sobre supuestas tramas terroristas, y su posterior encarcelamiento, "no están justificados" y que los cargos que se le imputan "no merecen credibilidad".

Según precisan en el escrito dirigido a los grupos parlamentarios, tales consideraciones "no son meras valoraciones" sino que están "respaldadas por los resultados de las inspecciones realizadas por parte de organismos internacionales como la ONU, el Consejo de Europa o la Comisión Europea y recogidos en informes oficiales o resoluciones recientes".

"ACUSACIONES VAGAS"

Todos ellos, según añaden, coinciden en sus conclusiones al señalar "el uso arbitrario de las leyes antiterroristas; el recurso a acusaciones vagas o imposibles de demostrar y persecución penal de la difamación e insultos al presidente como forma de acallar voces críticas con el gobierno; las agresiones y amenazas físicas contra periodistas; y vulneración del derecho de defensa".

Por ello, consideran que lo que explica la orden de detención contra Hamza Yalçin es la "persecución masiva y sistemática de cualquier voz disidente con el gobierno actual". También recuerdan la situación de otro periodista de origen turco, el alemán Dogan Alkhandi, detenido en Granada el pasado 19 de agosto y ahora en libertad provisional, pero con una situación legal "igualmente incierta", según advierten.

En este contexto, instan a los grupos parlamentarios a que, dentro de sus funciones de control del Gobierno, "reclamen a los ministros competentes explicaciones sobre estas dos detenciones" y a que pongan en marcha "todas las actuaciones posibles dentro de sus competencias para apoyar la salida de prisión de Hamza Yalçin lo antes posible".

Así, piden a cada portavoz que "se oponga a la extradición de estos dos autores, y lo manifieste de forma inequívoca, por la gravedad que esta eventual decisión de las autoridades españolas representaría" ya que, según añaden, España se convertiría "en un cómplice de las vulneraciones de DDHH que se están produciendo en Turquía".

50.000 ARRESTADOS

En el informe de la PDLI sobre la situación en Turquía, defiende que, desde que Turquía decretase el Estado de excepción tras el fallido golpe de Estado, "decenas de miles de académicos, periodistas, abogados, activistas y funcionarios han sido expulsados o detenidos, según han documentado organizaciones internacionales de defensa de los derechos civiles".

"Más de 50.000 personas, entre ellas periodistas, han sido arrestadas desde que Turquía inició una represión a gran escala tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016. Más de 110.000 personas también han sido despedidas de empleos del gobierno. En lo que respecta a la libertad de información, hasta el momento se han detenido a 165 periodistas y se han cerrado al menos 150 medios", detalla.

La PDLI se ha servido de cifras e informes recabados por organizaciones como Naciones Unidas, Consejo de Europa, Comisión Europea, Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE), Federación Europea de Periodistas (EJF/FEP), Instituto Internacional de Prensa (IPI), Human Rights Watch (HRW) y Centro Europeo de Libertad de Prensa (ECMPF), entre otras.