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Las sanciones contra la piratería 'on line' se elevarán hasta los 600.000 euros

Las enmiendas que el PP ha planteado en el Senado a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) elevan las sanciones contra la piratería 'on line' y para las infracciones "muy graves" de los 300.000 euros hasta los 600.000 euros, según se desprende de su paquete de cinco enmiendas.

La Ley de Propiedad Intelectual inicia así su segundo examen parlamentario, con vistas a ser aprobado a mediados de octubre en la Cámara Alta, ser refrendado en el Congreso a finales de otoño, y entrar en vigor, la mayor parte de los puntos, en enero de 2015. El texto fue aprobado en el Congreso el pasado 22 de julio con los votos del PP, a pesar de la inicial disposición de los 'populares' a alcanzar el máximo consenso en su tramitación.
Así, estas propuestas 'populares', "básicamente técnicas", se incluirán previsiblemente al texto llegado del Congreso durante su paso por el Senado, puesto que el Grupo Popular cuenta con mayoría absoluta en el arco parlamentario.
Entre ellas, no se recogen propuestas relativas a una modificación de la denominada 'Tasa Google', una compensación económica para editores de noticias por la explotación de sus contenidos en el ámbito de los agregadores de noticias en Internet, y un aspecto que generó bastantes discrepancias con los grupos de la oposición en el mes de julio.
De hecho, desde el Gobierno y el PP se defendió que en el texto legal presentado se reconocía ya a los editores y a los autores de noticias (periodistas) a ser compensados por la explotación de sus contenidos en estos agregadores.
En principio, el PP tampoco ha planteado cambios para la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos del Estado (una partida de cinco millones de euros) y una sonada reivindicación del sector y de los grupos de la oposición, que precisamente este jueves ha sido noticia después de que el Tribunal Supremo haya preguntado a Bruselas si este nuevo sistema de compensación por copia privada, que sustituyó al canon digital, es compatible con las directivas europeas.
Piratería 'on line'
Los cambios se reservan, de este modo, para castigar la piratería. El Congreso estableció que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de gestionar el cierre de webs por actos de piratería, pudiera intervenir "siempre y cuando hubiera un nivel apreciable de audiencia en España de dicho prestador o volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas".
Ahora, en el Senado, el PP quiere ir más allá y aumentar las sanciones económicas como "elemento disuasorio". De esta forma, se duplicarían las multas máximas de 300.000 euros hasta los 600.000 para aquellas páginas de enlaces que incumplan los requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores. Además, las multas mínimas también ascienden de los 30.000 euros hasta los 150.001 euros.
"Estas sanciones estarían destinadas a las páginas web que reproducen canciones, videos o series sin permiso. Se ha decidido que sea mucho más grave la pena económica porque es la mejor forma de atajar este tipo de páginas", explica el portavoz del PP de Cultura en el Senado, Alberto Gutiérrez, quien indica también que se hace para homologar las multas con las ya previstas sobre el tema en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico.
Tarifas generales y entidades de gestión
En el trámite del Congreso se puso sobre la mesa una nueva regulación de tarifas a pagar a las entidades de gestión (SGAE, AGEDI Y AIE, por ejemplo). Es en el Senado donde el PP plantea limitar el pago debido en el 70 por ciento y, además, se amplía el plazo de los dos años planteados en el Congreso a tres.
"Las entidades de gestión llevan muchos años llegando a acuerdos con los hoteles, peluquerías, o salas por ejemplo que ponen música, así como con las emisoras o televisiones que ponen música. Esos acuerdos están hechos y se retribuyen. Ahora con esta enmienda las entidades de gestión se aseguran que, al menos, hasta el 70 por ciento de los ingresos los tienen garantizados durante los tres primeros años", aclaraba Gutiérrez.
Otra de las enmiendas de los 'populares' limita al 10 el máximo que se puede reproducir una obra en el ámbito científico y académico, a petición de colectivos como CEDRO y la CRUE.
"Que quede claro lo que es el derecho de reproducción, en una clase al utilizar un texto no tiene sentido si se utiliza sólo una parte, o al usar una cita en un texto científico, pero si se reproduce un libro entero pues sí. Para aclarar qué es lo que se puede reproducir se pone de un máximo de un diez por ciento de una obra", ha añadido el parlamentario vallisoletano del PP.
Alquiler y préstamo de libros
Asimismo, el Grupo Popular en el Senado traspone una directiva europea sobre derechos de alquiler y préstamo de libros "para aclarar que es el préstamo de libros" y evitar que "bibliotecas públicas cobren por coger prestado un libro".
Esta directiva señala que "procede excluir de los conceptos de alquiler y préstamos determinadas formas de puesta a disposición de fonogramas o de películas (obras cinematográficas o audiovisuales o imágenes en movimiento, con o sin acompañamiento de sonido) para fines de representación pública o radiodifusión, la puesta a disposición con fines de exhibición o la puesta a disposición para consulta 'in situ', que, con arreglo a la presente directiva, el préstamo no incluye la puesta a disposición entre entidades accesibles al público".
La última de las enmiendas modifica la disposición final cuarta, para establecer la entrada en vigor de toda la ley en enero de 2015 y no al día siguiente de su publicación en el BOE, como así estaba contemplado en un principio.
Eso sí, sí entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE la labor de las secciones Primera y Segunda de Propiedad Intelectual contra la piratería 'on line', la nueva regulación en el derecho de cita y reseña con fines educativos y científicos, así como lo establecido en el reparto, pago y prescripción de derechos a las entidades de gestión que establece la ley.
El propio Ejecutivo ha afirmado que esta reforma es "parcial y urgente", a la espera de una nueva modificación, "radical y más profunda" el año que viene", y que recoja las decisiones que se están tomando en Bruselas.