El Gobierno veta la propuesta del PSOE para bajar el IVA cultural porque Hacienda dejaría de ingresar 111 millones

El Gobierno ha vetado la tramitación en el Congreso de la proposición de ley del PSOE para una bajada inmediata del llamado IVA cultural del 21 al 10 por ciento en teatros, cines, exposiciones, circos, conciertos y otros espectáculos culturales porque supondría una pérdida de ingresos 111 millones de euros en un año.

Conforme a la legislación, las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Ejecutivo para ser debatidas, ya que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque aumentan los gastos.

Para llegar a la cifra de 111 millones de euros, Moncloa explica que ha calculado el impacto que tendría en la recaudación del IVA esa rebaja en los espectáculos que cita el PSOE, en los servicios que en España ya cuentan con el tipo del 10 por ciento (bibliotecas, archivos, museos, etcétera), y en los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos a los productores de películas susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos y a los organizadores de obras teatrales y musicales.

Concretamente, se han tomando en consideración las bases al tipo general que declararon las empresas en 2015, cuyo epígrafe IAE (Impuesto de Actividades Económicas) es aquel donde se incluyen los citados servicios.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno apunta además que el PSOE fija la entrada en vigor de la rebaja el 1 de enero de 2017 y, como para entonces es imposible que el nuevo Gobierno tenga aprobados unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), la bajada del IVA cultural afectaría a los presupuestos de 2016 y prorrogados, lo que según el Ejecutivo justifica el veto.

UN IVA CULTURAL EUROPEO

La proposición de ley socialista pedía también impulsar el reconocimiento de un IVA cultural en la UE que permitiera su armonización, con el reconocimiento de una fiscalidad especial con tramos menores del 10 por ciento. El PSOE señalaba que, hasta que esta modificación se produjera, se solicitaría una autorización de la UE a España para aplicar el tipo súper reducido del 4 por ciento para la cultura.

Sobre este punto, el Gobierno responde que la Comisión Europea ha mantenido en distintos informes la necesidad de que España eleve los tipos de gravamen y amplíe la base del tributo, a fin de buscar el alineamiento del país con el resto de socios europeos.

Aún así, el Ejecutivo recuerda que en España se aplica el tipo superreducido del 4 por ciento para los álbumes, partituras, mapas y cuadernos de dibujo, mientras que se grava con el 10 por ciento la entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación y museos y galerías de arte y pinacotecas, así como espectáculos deportivos de carácter aficionado. En este sentido, apunta que desde 2014 se aplica también el tipo reducido a las entregas de objetos de arte.

En este sentido, Moncloa destaca que la ley "mantiene un amplio régimen de exenciones, dentro de los límites establecidos por la Directiva comunitaria, que suponen la exoneración del IVA a un importante volumen de servicios y actividades culturales", entre los que se encuentras aquellos servicios prestados por entidades de derecho público, privadas o de carácter social, como las propias bibliotecas, archivos y centros de documentación, los monumentos, los lugares históricos, jardines botánicos, zoológicos y parques naturales, entre otros.

EN LA MESA DEL CONGRESO

El veto del Gobierno, el decimoctavo que presente el Ejecutivo de Mariano Rajoy esta legislatura, se registró en el Congreso el pasado 28 de diciembre y se ha estudiado este miércoles en la Mesa del Congreso.

De momento, el órgano de gobierno de la Cámara Baja lo ha dejado en suspenso a la espera de nuevas explicaciones del Ejecutivo, la misma situación en la que están otro cuatro escritos del Ejecutivo relativos a iniciativas de la oposición para la subida de las pensiones o la supresión de tasas judiciales.