Entidades de gestión denuncian al Estado español ante la UE por su "inacción" para aprobar un nuevo modelo de canon

La denuncia ha sido presentada ante la Comisión Europea por AIE, AISGE, CEDRO, DAMA, EGEDA, SGAE y VEGAP, entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual de los artistas, autores, editores y productores audiovisuales de España.

Las entidades han lamentado "haberse visto obligadas a dar este paso, forzadas por la inacción" legislativa del Estado español, que está en situación "de ilegalidad" al mantener vigente la excepción de copia privada sin que exista un sistema de compensación equitativa acorde a la Directiva.

"La incorrecta trasposición a la legislación española de la obligación de compensar el daño causado a los titulares de derechos ha provocado esta situación irregular y única en Europa, que les ha acarreado cinco años de graves perjuicios patrimoniales", han recordado en un comunicado.

Las entidades de gestión han recordado que la Comisión Europea envió una carta el pasado mes de diciembre notificando que "supervisará que los cambios que deben ser introducidos en la legislación española sean compatibles con la ley europea".

Sin embargo, han criticado que, casi un año después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarase ilegal el sistema con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y cuatro meses después de que el Tribunal Supremo de España lo anulase en su totalidad, "la falta de coordinación interministerial" ha impedido que España reforme el modelo en la forma y plazo exigidos por la Comisión Europea.

"Todo ello perjudica, en primer lugar, a los propios ciudadanos españoles, pues la falta de diligencia del Estado puede provocar que el erario público deba hacer frente a una cuantiosa sanción de las autoridades europeas", han apuntado.

En cualquier caso, han reiterado que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte "ha contado y cuenta" con su apoyo y disposición para colaborar, por lo que "el hecho de no haber solucionado todavía el problema solo puede entenderse como falta de compromiso con los mayores afectados, los titulares de derechos de propiedad intelectual".