Bruselas lleva a España ante el TUE por no recuperar ayudas ilegales al desarrollo de la TDT en zonas remotas

Bruselas consideró ilegales una serie de apoyos a la digitalización de la red de televisión en algunos lugares de difícil acceso, en dos decisiones de 2013 y 2014 que han sido recurridas sin éxito por las autoridades y por las que España debe recuperar 260 millones de euros en un caso y casi 44 millones en el otro.

La compañía Abertis fue la principal beneficiaria de estas subvenciones. Muchos operadores locales que también recibieron fondos no debieron devolverlos, porque no superan el umbral mínimo para ser considerados ayudas públicas por Bruselas.

La normativa europea establece que, de acuerdo al principio de la neutralidad tecnológica, las ayudas públicas a las plataformas de transmisión, ya sean terrestres, por satélite, cable o Internet, deben concederse "sin discriminación alguna".

Sin embargo, en estos casos, el Ejecutivo comunitario concluyó que las medidas tomadas por las autoridades españolas "únicamente beneficiaban a la tecnología digital terrestre, infringiendo este principio", y también implicaban una discriminación entre distintos operadores terrestres.

Ahora, la Comisión ha constatado que las autoridades apenas han recuperado un 2 % (5,5 millones de euros) de los 260 millones que debía recuperar por el primer expediente y "nada" de la cantidad calculada en el segundo.

Además, han indicado los servicios comunitarios, España "sigue pagando" por el funcionamiento y mantenimiento de partes de la red de TDT, lo que supone incumplir las decisiones.

"Como consecuencia del retraso en la aplicación de las decisiones, el falseamiento de la competencia en el mercado correspondiente no se ha detenido", ha criticado Bruselas, que se ha mostrado "especialmente preocupada por la continuación del pago de subvenciones ilegales" en detrimento de otros operadores.

La compañía Abertis fue la principal beneficiaria de estas subvenciones. Muchos operadores locales que también recibieron fondos no debieron devolverlos, porque no superan el umbral mínimo para ser considerados ayudas públicas por Bruselas.