Los Veintisiete aprueban una nueva norma para restringir el "turismo sanitario"

España ha logrado un apoyo mayoritario para su propuesta de compromiso, que es más restrictiva que el plan original de la Comisión y aumenta el número de casos en los que se necesita autorización previa para ir a tratarse en el extranjero con el objetivo de limitar el 'turismo sanitario'.

Sólo Polonia, Portugal, Eslovaquia y Rumanía se han opuesto al compromiso español alegando que la nueva norma pone en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios nacionales en un momento de crisis y reclamando todavía más límites para los tratamientos transfronterizos.

"Hemos alcanzado ya una amplia mayoría sobre el acuerdo político que presenta la presidencia en colaboración con la Comisión", ha destacado la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, al término del debate.

Por su parte, el comisario de Sanidad, John Dalli, ha agradecido los "esfuerzos" y el "liderazgo" de la presidencia española y ha dicho que la nueva norma "garantizará que los pacientes sean conscientes de sus derechos a la asistencia sanitaria transfronteriza y demostrará que la UE trabaja en beneficio de sus ciudadanos". No obstante, ha admitido que el Ejecutivo comunitario "hubiera preferido un texto más innovador".

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, logró el pasado diciembre bloquear el anterior borrador de esta directiva alegando que no garantizaba una atención de buena calidad y que supondría un coste adicional para la sanidad española de 2.000 millones de euros anuales. España fue apoyada por Portugal, Rumanía, Grecia, Polonia, Lituania y Eslovaquia.

Autorización previa

La directiva establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recibir tratamiento en otro Estado miembro y tienen derecho a que se les reembolse el coste a la vuelta. En el caso de los tratamientos hospitalarios y altamente especializados, sí que se permitirá a los Estados miembros introducir un sistema de autorización previa para sus nacionales que quieran ir a otro país de la UE. Eso sí, deberán justificar que, sin esta restricción, podría haber riesgos para el funcionamiento de su sistema sanitario.

La presidencia española ha introducido nuevas limitaciones para los pacientes que quieren ir a tratarse a otro Estado miembro. El borrador anterior de la directiva obligaba a la sanidad pública española a pagar el tratamiento de un paciente español que acuda a una consulta privada de otro país de la UE, incluso aunque no estuviera concertada. El acuerdo final permitirá a España exigir autorización previa para los tratamientos privados en el extranjero y denegarla alegando que no garantizan una calidad suficiente.

Tratamiento en el extranjero

de los jubilados

El otro gran problema para España de la directiva era quién paga los tratamientos en el extranjero de los jubilados de otros Estados miembros que residen en nuestro país.

Inicialmente, se preveía que fuera el país de residencia y no el de afiliación (es decir, aquel en el que han cotizado) el que corriera con los gastos. Es decir, que si un alemán residente en Mallorca fuera a tratarse a Berlín, la sanidad española debería reembolsarle los costes.

El compromiso final dispone que si un jubilado residente en España va a tratarse a su país de origen, será este Estado de afiliación el que pague. En el caso del alemán residente en Mallorca que va a Berlín, sería la sanidad alemana la que se haría cargo de los gastos. En el resto de casos, será el país de residencia el que pague. Es decir, si el mismo jubilado va a tratarse a Francia, sería España la que pague.