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La UE multa a Intel por prácticas ilegales contra sus competidores

Un ordenador con microprocesador IntelReuters
La Comisión Europea ha impuesto al grupo informático estadounidense Intel la mayor multa de la historia de la UE. El recibo asciende a 1.060 millones de euros. La sanción llega por el abuso cometido por Intel al tratar de expulsar a sus rivales, especialmente a AMD, del mercado de microprocesadores.
Para lograrlo, Intel recurrió a prácticas que Bruselas ha considerado ilegales. Por ejemplo, la empresa de microprocesadores ofertó fuertes descuentos e incluso pagó a fabricantes de ordenadores como Acer, DEll, HP, Lenovo o NEC para que no utilizasen microprocesadores de AMD.

Además, la empresa estadounidense pagó al distribuidor Media Markt para que vendiera sólo ordenadores equipados con microprocesadores Intel.
El Ejecutivo comunitario ha exigido el cese inmediato de esas prácticas. La sanción de 1.060 millones de euros representa el 4,15 por ciento del volumen de negocios de Intel en 2008. Para calcular el importe de la multa, Bruselas ha tenido en cuenta la gravedad de la infracción y su duración, de 2002 a 2007.
Competencia desleal
"Intel ha perjudicado a millones de consumidores europeos al intentar deliberadamente excluir a sus rivales del mercado de los microprocesadores durante años. Una infracción tan grave y de tanta duración de las reglas antitrust de la UE es intolerable", ha dicho la comisaria de competencia, Neelie Kroes.
La Comisión europea ha considerado que Intel ha dañado gravemente la competencia y la innovación ya que las prácticas no responden a una competencia basada en la calidad intrínseca de los productos respectivos de Intel y de AMD, sino a una estrategia para sacar partido de la fuerte cuota de mercado de Intel.
La investigación de Bruselas se inició a raíz de varias quejas presentadas por AMD en 2000, 2003 y 2006. La Comisión posee correos electrónicos obtenidos durante inspecciones sorpresa, respuestas a peticiones formales de información y varias declaraciones oficiales del resto de empresas afectadas, como pruebas de la existencia de las actuaciones consideradas ilegales