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Sinde asegura que la ley que permite cerrar webs no afecta a la libertad de expresión

Los internautas están que saltan. Desde que se ha conocido la noticia han sido numerosas las protestas organizadas en los últimos días, por las asociaciones y distintas páginas de descargas de contenidos contra el proyecto de ley. Próximamente se abordará en la Comisión de economía del Congreso. Sinde ha lamentado que se intente confundir a la opinión pública "hablando de libertad de expresión".
Por su parte, el Gobierno, considera equilibrada y positiva la nueva normativa. Sinde se ha mostrado convencida de que, con su aplicación, los ciudadanos podrán comprobar que la ley va a traer un nuevo modelo de difusión de la cultura.
En este sentido, la ministra ha incidido en que Internet es una oportunidad para la difusión de la cultura "de dimensiones no conocidas hasta ahora" por su rapidez y facilidad y que quien quiera desarrollar esta actividad "vendiendo o alquilando" productos podrá seguir haciéndolo "siempre que tenga los contratos al día". "No es distinto da quien abre un establecimiento de hostelería y tiene que vender los refrescos y los vinos que haya adquirido en las bodegas, no los que haya sustraído de los almacenes de las fábricas porque no reportaría beneficio a la colectividad ni a los bodegueros ni a quienes recogen la uva ni a quienes transportan las botellas de vinos", ha añadido.
Para Sinde, cualquier producto que genera una actividad económica, incluidos los culturales tiene que respetar a todos los trabajadores que viven y que participan de esa cadena de valor". Además, ha incidido en que, a la espera de que pueda haber modificaciones que "mejoren" o "enriquezcan" el texto durante el trámite parlamentario, el procedimiento previsto por el Gobierno para cerrar una página web es "garantista".
Comisión de propiedad intelectual
La ley contempla la creación de una comisión de propiedad intelectual como el órgano encargado de recibir las denuncias de los afectados por la piratería, comprobar que existe vulneración de derechos y solicitar el cierre o bloqueo de la página web a un juez de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.