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Romper el silencio contra la violencia de género

El porcentaje de mujeres que sufre violencia física alguna vez en su vida alcanza el 60 por ciento en algunos países, según los datos de la ONU. En España en lo que va de año 64 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas.
Hoy 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, políticos, organizaciones y ciudadanos se han unido para condenar esta lacra social. También para apoyar las víctimas y animar a que denuncien y a que nadie, ni ellas ni el resto de la sociedad, mire hacia otro lado.
Se han organizado distintos actos conmemorativos y de concienciación en diferentes puntos de España.
La Gran Vía madrileña ha sido uno de los escenarios principales en este día, ya que se ha convertido en el 'Paseo de la Vergüenza', donde cerca de 60 testimonios y casos de mujeres de 28 países que han sido víctimas de malos tratos han sido representados como estrellas a lo largo de la calle.
Actores y artistas se suman
El Instituto de la Mujer ha albergado el acto principal del día, que ha presidido la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, y donde se ha rendido homenaje a estas mujeres. Ha contado con la participación de los actores Cecilia Freire y Fran Perea, que han realizado una representación dramatizada de textos literarios de varios autores, y con la actuación de la cantaora flamenca Rocío Márquez.
En el resto de ciudades también han tenido lugar numerosos actos y concentraciones de homenaje y reconocimiento a las víctimas a lo largo del día, como que el que ha protagonizado el seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, quien ha leído una declaración institucional contra la violencia de género en Salamanca.
Maltratadotes sin custodia
Partidos políticos, instituciones y organizaciones han elaborado manifiestos en contra de la violencia de género. Así, el PSOE hace un llamamiento a la "rebelión colectiva" de la ciudadanía contra la violencia machista y muestra su reconocimiento "al coraje y la valentía de tantas mujeres que día a día, logran superar el miedo y las barreras levantadas a lo largo de siglos de dominación machista para rebelarse contra su maltratador".
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha adelantado en declaraciones a la Cadena SER que va a proponer este viernes, en el Consejo de Ministros, "trabajar junto al Ministerio de Justicia para evitar que los maltratadores con una sentencia firme puedan tener la custodia de los hijos".
Asimismo, ha explicado que pedirá que se modifique el régimen patrimonial con el objetivo de que el maltratador "no se pueda quedar con el patrimonio de la mujer a la que ha asesinado", algo que, según lamenta la ministra, "ocurre" en algunas ocasiones.
Más esfuerzos
Izquierda Unida (IU), por su parte, hace hincapié en que es necesario modificar la ley contra la violencia de género "para redoblar esfuerzos y exigir por parte de todas las instituciones el desarrollo de medidas que sean auténticamente integrales y transversales".
En una declaración institucional, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género considera necesario continuar desplegando "cuantos esfuerzos sean precisos" para ofrecer medios materiales y de organización para mejorar la respuesta de la Justicia ante los casos de malos tratos.
Aumentar los servicios a las víctimas
De esta manera, el Observatorio estima que sería más eficaz la labor de los juzgados de la violencia sobre la mujer, en tanto que pide que se mejore la garantía integral de la asistencia letrada a las víctimas y reforzar la actuación de las Unidades de Valoración Forense.
Con motivo del 25 de noviembre, la Oficina del Defensor del Pueblo recoge en un comunicado las quejas más frecuentes de los ciudadanos en esta materia que se concretan en la falta de dotación de equipos psicosociales en los juzgados de violencia de género, así como diversas cuestiones sobre las casas de acogida.
Sobre este último asunto, apunta que las quejas más recientes se refieren a las víctimas que quieren abandonar la comunidad autónoma en la que han sido agredidas para instalarse en una casa de acogida de otra autonomía.