El PP reconoce y recuerda a sus CCAA que la ley del aborto es "aplicable"

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha pedido hoy al Tribunal Constitucional que rechace la petición del PP de suspender la vigencia de la nueva Ley del Aborto porque no hay previsión legal alguna que permita la suspensión de una norma con rango de ley aprobada por las Cortes Generales.

Así lo aseguran los servicios jurídicos del Estado en el escrito de alegaciones presentado hoy al tribunal, en el que recuerdan que los poderes de suspensión que tiene éste "están tasados" y que no pueden extenderse a los actos o normas emanados del Parlamento, que gozan de "presunción de legitimidad".

"Sostener lo contrario supondría obtener artificiosamente los efectos de una suerte de recurso previo de inconstitucionalidad, que no contempla la vigente Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), y cuya supresión fue decidida por las Cortes Generales", añade la Abogacía del Estado.

Santamaría dice la ley es aplicable, pero pide a TC que diga si la suspende

La portavoz del grupo del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reconocido que la ley del aborto es "aplicable" puesto que ha entrado en vigor, pero ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que cuanto antes resuelva la petición de suspensión de la norma hecha por su partido.

Sáenz de Santamaría, en una comparecencia ante los periodistas en la Cámara Baja, ha respondido prácticamente igual a siete preguntas sobre la posición de su formación, y en particular del Gobierno murciano, del popular Ramón Luis Valcárcel, en contra de la puesta en marcha de la norma, que entró en vigor este lunes.

El presidente de la Región de Murcia ha manifestado que "no hay razones para acatar" una ley que aún no se encuentra en su "punto final", toda vez que el Constitucional debe resolver a favor o en contra de la petición de suspensión de la norma. Preguntada por ello, la portavoz del grupo popular ha exigido brevedad al alto tribunal para dar seguridad jurídica, una solicitud que ha expresado en seis ocasiones, pero ha evitado dejar claro si está de acuerdo o no con la postura de Valcárcel en las siete cuestiones que le han formulado sobre este extremo.

Así, ha reconocido que la norma efectivamente ha entrado en vigor, y respecto de las "trabas" de algunas comunidades autónomas, ha dicho que quien "tiene que hacer una reflexión" es el Gobierno central, ya que la tramitación parlamentaria de la ley se caracterizó por "la falta de consenso social" y por las reticencias de muchos Ejecutivos regionales. A la pregunta de si a su juicio estarían justificadas las trabas que podría poner Murcia a las mujeres que ahora quieran abortar, Sáenz de Santamaría ha afirmado: "La ley ha entrado en vigor y es aplicable; pediría al Ministerio de Sanidad que atienda las innumerables peticiones de información y claridad que se le piden".

Trinidad Jiménez advierte a las CCAA que "todas están sometidas a la ley"

Por otro lado, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha advertido a las Comunidades Autónomas que todas ellas "están sometidas al imperio de la ley" y deben cumplir la nueva legislación sobre el aborto, y ha instado al PP a no "incentivar un Estado en el que cada Comunidad decide qué ley cumple y de qué manera".

En declaraciones en el Senado, la ministra ha añadido que por este motivo es sólo "un desideratum" el anuncio de algunos dirigentes del PP de que no aplicarán una ley recurrida en el Tribunal Constitucional. "Ha entrado en vigor y la tienen que cumplir", ha insistido, sin querer precisar qué puede hacer el Ministerio para obligarlas a ello.

Jiménez ha reconocido que de forma "excepcional" una Comunidad puede trasladar a otra un caso "porque no puede dar la prestación que la mujer requiera en un momento preciso", pero ha subrayado que la ley es de obligado cumplimiento. Este ha sido hasta ahora el caso de Navarra, que no practica abortos asegurando que todos sus médicos de la red pública son objetores, pero que paga la cobertura de esta asistencia en otra CCAA.

"No podemos incentivar, como está haciendo el PP, un Estado en el que cada Comunidad Autónoma decide qué ley cumple y qué ley no, de qué manera cumple y de qué manera no cumple. La ley obliga a todos y todos deben cumplirla con exactitud", ha reiterado.

No desarrollará la objeción de conciencia

La ministra de Sanidad ha asegurado por último que considera suficientemente protegida la objeción de conciencia de los médicos, que han podido acogerse a ella sin problemas cuando lo han considerado necesario, en aplicación de una "importante" sentencia del Tribunal Constitucional. Descartó por ello una regulación general.

"No hemos visto la necesidad de un desarrollo reglamentario porque está perfectamente claro que los profesionales que quieren acogerse a esa cláusula de conciencia pueden acogerse a ella sin ningún tipo de problema", ha concluido.