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Nuevos actos de violencia callejera en el País Vasco tras la operación contra Segi

Un artefacto incendiario ha hecho explosión en la estación de metro de Aiboa, en la localidad vizcaína de Getxo, y ha provocado daños materiales en las instalaciones. Fuentes policiales han confirmado que los atacantes habían rociado de gasolina primero, e incendiado después, las máquinas expendedoras de billetes y la oficina del supervisor de la estación que en el momento del incidente se encontraba cerrada al público.
Horas antes, tres encapuchados prendían fuego a un autobús tras obligar a bajar al conductor y dos pasajeros, en la localidad de Markina, también en Vizcaya. El vehículo ha quedado totalmente calcinado. Las llamas también han provocado graves daños a dos vehículos que estaban estacionados en la zona.
Prohibidos dos homenajes
Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha prohibido dos actos convocados para este viernes y sábado en homenaje al preso etarra Iñaki Gonzalo Casal "Kitxu" en Algorta (Vizcaya) y a los fallecidos Joxe Etxeberria Sagastume "Beltza" y Jon Pagazaurtundua Isusi en la localidad vizcaína de Getxo.
En un auto, Grande-Marlaska atiende así a la petición de la asociación Dignidad y Justicia, al considerar que constituyen un acto de homenaje y exaltación "al currículo delictivo" de los etarras, "así como de la lucha armada promovida por ETA".
Prisión para 11 miembros de Segi
Anoche, el juez Grande-Marlaska envió a prisión a 11 jóvenes a los que acusa de pertenecer a Segi y dejó en libertad a otros dos.
Este viernes, continuará los interrogatorios con los otros 21 jóvenes que fueron detenidos en la madrugada del pasado martes en la macro-operación contra la organización juvenil 'abertzal'e, considerada la "cantera" de la banda terrorista ETA.
Los dos jóvenes a los que el magistrado ha dejado en libertad son Oihane Fernández Iturri y Raúl Iriarte Rodrigo, detenidos en Navarra. A ambos el juez les atribuye el delito de colaboración terrorista y les impone comparecencias semanales, la prohibición de salir de España y que comuniquen su domicilio.
El fiscal Luis Barroso había solicitado prisión incondicional para los trece detenidos, a los que acusa de pertenencia o colaboración con la organización juvenil vinculada al entorno de ETA, declarada terrorista por el Tribunal Supremo el 19 de enero de 2007 al considerarla seguidora de las también ilegalizadas Haika y Jarrai.