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Las defensas del 'caso Malaya' cuestionan la investigación policial y la actuación del juez instructor

La fiscalía pide a Roca 30 años de prisión y más de 800 millones por el caso 'Malaya'CNN+/Cuatro
La Audiencia Provincial de Málaga ha comenzado este lunes el juicio del caso 'Malaya', contra la corrupción municipal y urbanística en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Marbella, que es el proceso con mayor número de acusados, con 95, entre ellos el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.
El Tribunal, presidido por el magistrado José Godino, prevé que el juicio dure un año. Las sesiones han empezado con una fase de cuestiones previas que han planteado las defensas, sobre las que se pronuncian las acusaciones (Fiscalía Anticorrupción, Ayuntamiento marbellí, Junta de Andalucía y Agencia Tributaria), tras lo que se dictará una resolución resolviendo algunas de las peticiones antes de las declaraciones de los acusados.
Las primeras defensas de acusados en el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), han cuestionado tanto la investigación policial que llevó a la detención de un centenar de personas, como la actuación del juez que se encargó de iniciar la instrucción de este procedimiento, Miguel Angel Torres.
Desde primeras horas de la mañana, numerosos periodistas y colaboradores de medios de comunicación se han congregado a las puertas de la Ciudad de la Justicia a la espera de la llegada de los 95 acusados y del comienzo del juicio, lo que ha ocurrido sobre las 10.30 horas con la fase de cuestiones previas. Las previsiones son que toda la vista oral dure aproximadamente un año.
A lo largo de la jornada han expuesto sus cuestiones previas los defensores del presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, y de varios letrados del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, ya que las acusaciones no han planteado alegaciones. Este martes seguirán otras defensas. La abogada Rocío Amigo, que representa a Roca desde hace pocos meses, ha pedido la nulidad de las escuchas telefónicas del caso, "por falta absoluta de motivación y por haberse obtenido con violación de los derechos fundamentales", ya que, apuntó, no se cumple ni uno de los requisitos exigidos para autorizar esta medida.
Inicialmente, la letrada ha solicitado la suspensión al no haber llegado determinados expedientes urbanísticos que se mencionan en los escritos de acusación, hechos que, según dijo, ya han sido enjuiciados o están siendo investigados. No obstante, el Tribunal rechazó esta petición y la abogada comenzó su exposición. Amigo ha argumentado que lo único que la Policía ofreció al juez para intervenir teléfonos de su patrocinado es "la manida" declaración de un funcionario del Consistorio Jorge González, en la que hablaba del poder de Roca en el urbanismo y en la corporación. En este punto, negó que de esa declaración se desprendan delitos.
Escuchas "como medida principal"
Ha considerado que hubo una "investigación prospectiva" y que las escuchas se adoptan "como medida principal" de la instrucción, además de que "no se espera a que haya pruebas que confirmen que la declaración del funcionario pudiera ser cierta", por lo que ha reiterado la falta de los requisitos para acordar las intervenciones. Asimismo, ha estimado que la Policía "mintió" sobre los procedimientos pendientes de otros acusados en relación con Roca "y el juez -Miguel Angel Torres- no quiso comprobar si lo que se decía era cierto o no". En este sentido, ha criticado que las manifestaciones de la Policía "el juez las toma como auto de fe".
Ha acusado al juez de "servilismo judicial", ya que, según ha manifestado, "judicializaba la labor policial". Asimismo, ha subrayado que este proceso será "agridulce" en tanto que será "agrio" por lo que están pasando los acusados y "dulce" porque al final de todo "habrá ganado el Derecho". La letrada ha instado a la Sala a que decida sobre esta cuestión antes de iniciar las declaraciones. Por otro lado, la abogada Yolanda Terciado, codefensa de Roca, ha pedido la nulidad de los registros practicados en sociedades, como Maras Asesores y Planeamiento 2000, por vulneración de derechos de su cliente, al no estar presente.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 30 años de prisión y multa de 810,78 millones de euros para Roca por los delitos de blanqueo de capitales continuado cometido en el ámbito de una organización, en la que éste es el supuesto "jefe"; prevaricación administrativa, malversación, ambos como inductor; fraude y cohecho pasivo. En su escrito de conclusiones provisionales el fiscal considera que éste creó una "verdadera organización, que bajo su dirección gestionaba y administraba su patrimonio como si de una empresa se tratara" para "encubrir la titularidad de bienes ilícitamente obtenidos".
Gabinete
También intervinieron los representantes legales de varios de los abogados del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, donde, según el fiscal, se creó el entramado societario que presuntamente permitió a Roca ocultar sus bienes. Según el ministerio público, con entidades proporcionadas por el bufete se reciclaron 39 millones de euros. Estos abogados han cuestionado las resoluciones en las que se acordaron las detenciones de los letrados acusados y los autos que dieron lugar al registro del bufete. Además, han considerado que el sumario "es fruto de la voluntad caprichosa" de un juez e insistieron en que se vulneraron las normas de reparto.
El letrado de cuatro de los abogados, Horacio Oliva, ha cuestionado el hecho de que los letrados fueran detenidos y no citados, asegurando que los autos en los que se autorizan los arrestos "son nulos, por haber indefensión real". Añadió que a pesar de que la detención fue solicitada por la Policía, "la ponderación la tenía que haber hecho el juez". Ha señalado que se ha aplicado "el derecho penal del enemigo" y ha criticado la falta de proporcionalidad a la hora del registro en el bufete jurídico, al considerar que el juez contó sólo con "motivaciones genéricas". Ha estimado que se vulneraron el derecho de defensa y de inviolabilidad del domicilio, solicitando que se anulen los autos en los que se autorizaron los registros.
Asimismo, ha indicado que existe documentación que no está foliada y que faltan 5.000 folios. Para Oliva, existen "irregularidades" que hacen que "estemos ante un proceso injusto" y ha indicado que se podrían conceder nulidades parciales. Asimismo, ha hecho referencia a posibles dilaciones indebidas como atenuante. Por su parte, el letrado Francisco Soriano, que también fue detenido en este caso y que representa a uno de los responsables del gabinete jurídico, en concreto a Manuel Sánchez Zubizarreta, ha dicho que este sumario "es el fruto de una voluntad caprichosa del juez", de quien ha dicho que tenía "pleno conocimiento de las normas de reparto, pero las obvia y las vulnera".
"Es radicalmente nulo, es el fruto envenenado de una mente dirigida por una voluntad arbitraria, investida de poder", ha aseverado Soriano, quien ha criticado duramente al instructor, al señalar que quiso "ser el que se erige como único juez para investigar este procedimiento" y que tuvo "voluntad arbitraria". Ha añadido, además, que se convirtió en un juez "parcial e inquisidor". Ha relatado a la Sala las "manera vejatoria" del registro del despacho de abogados y su traslado a dependencias judiciales desde Madrid hasta Málaga, "como si llevaran a terroristas". También ha narrado los seis días que estuvo detenido, en los que no pudo cambiarse de ropa, ni comer, ni beber.
Expectación
El juicio ha causado gran expectación mediática. Tanto al comienzo de la jornada como al final, acusados como el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, la ex alcaldesa Marisol Yagüe y la que fuera edil socialista Isabel García Marcos fueron seguidos por numerosos medios de comunicación.
Uno de los procesados, José Mora, no ha comparecido por estar ingresado. Además, el Tribunal encargado del caso ha autorizado a otra de las procesadas, la hija del ex primer teniente de alcalde Pedro Román, a que se ausente por motivos de lactancia. Mientras, Roca estuvo sentado en primera fila, custodiado por varios agentes de la Policía Nacional.
Al término de la sesión, el presidente de la Sala, el magistrado José Godino, ha agradecido "profundamente" a todos los profesionales la colaboración. Cuatro funcionarios y otros dos de refuerzo están trabajando en el desarrollo. Además, el público ha podido seguir el juicio en la pantalla instalada en uno de los pasillos, porque a pesar de esperar desde primeras horas de la mañana no han podido entrar en la sala.
La que luego se ha conocido como operación 'Malaya' llevó por primera vez en la historia democrática en España a la disolución de un ayuntamiento. Se inició el día 29 de marzo de 2006 con el arresto tan sólo ese día de una veintena de personas. El número de detenidos se elevó hasta más de 100 personas y el sumario llegó a más de 195 tomos.
La defensa de Roca pide la nulidad
La defensa del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, ha pedido la nulidad de todas las escuchas telefónicas relacionadas con su cliente, así como la suspensión del juicio antes de su comienzo.
En la fase de cuestiones previas, la abogada que representa a Roca, Rocío Amigo, ha impugnado todas las intervenciones telefónicas desarrolladas durante los cuatro años y medio de instrucción por falta de motivación y falta de proporcionalidad, entre otros argumentos, y ha demandado que se resuelvan con carácter previo al inicio del juicio oral.
30 años de cárcel para el cerebro de la trama
La Fiscalía Anticorrupción solicita 30 años de prisión y multa de 810,78 millones de euros para Roca, al que acusa de los delitos de blanqueo de capitales continuado cometido en el ámbito de una organización, en la que éste es el supuesto "jefe de la misma"; prevaricación administrativa, malversación, ambos como inductor; fraude y cohecho pasivo.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal considera que el que fuera inicialmente asesor de Urbanismo de Marbella creó una "verdadera organización, que bajo su dirección gestionaba y administraba su patrimonio como si de una empresa se tratara" para "encubrir la titularidad de bienes ilícitamente obtenidos y poder disfrutar de los mismos sin riesgo".
Así, se estima que el blanqueo de fondos imputables al principal acusado "asciende a un montante, en cifras redondas, de 240 millones de euros" y sostiene que "ha conseguido amasar en los últimos años un patrimonio muy importante", diversificado en sectores como el agrícola, ganadero, hotelero e inmobiliario, coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Ayuntamiento".
Asegura que "posee numerosos inmuebles, viviendas, chalés y locales comerciales e incluso varios palacios". Además, se le considera propietario de embarcaciones de lujo (yates), de un avión y un helicóptero y se señala que posee una colección de coches de lujo y antiguos, carruajes, toros y caballos; así como relojes, cuadros y otros objetos suntuarios, que suman 27,6 millones de euros.
Otros procesados
En esta operación, hubo más de 100 detenidos, entre ellos la cantante Isabel Pantoja, aunque su imputación fue separada de la causa principal. Finalmente, además de Roca, se procesó a otras 94 personas, como el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, entonces pareja de la tonadillera, para el que el fiscal pide 10 años de cárcel y 400.000 euros de multa por los delitos de malversación de caudales, cohecho pasivo y prevaricación administrativa.
Además, pide 20 años de cárcel y tres millones de euros de multa para la ex alcaldesa Marisol Yagüe por prevaricación administrativa, fraude, cohecho pasivo, malversación y alteración del precio de concursos. También acusa a una docena de ex ediles, como Tomás Reñones o la que fuera edil socialista y miembro del Gobierno, Isabel García Marcos, en este caso por cohecho pasivo, malversación, prevaricación administrativa y alteración del precio de los concursos, para la que pide 12 años de cárcel.
Acusados de distintos delitos
El fiscal acusa por distintos delitos de blanqueo de capitales a 44 personas, entre ellas a la mujer de Roca y a su hija, para las que pide tres y dos años de cárcel, respectivamente; a los abogados del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor; a la presunta testaferro Montserrat Corrulla, para la que pide cuatro años, y a varios marchantes de arte.
También acusa por blanqueo al que fuera primer teniente de alcalde marbellí Pedro Román y a su hija. A éste, para el que pide 21 años de cárcel, le acusa además de cinco delitos contra la Hacienda Pública, por la inversión y las ganancias de una operación denominada Crucero Banús y por las inversiones efectuadas en 2003, 2004 y 2005, solicitando también una multa de más de 13 millones de euros.
Además, la Fiscalía acusa de cohecho activo a promotores, constructores y empresarios, como José Ávila Rojas, para el que pide 10 años de cárcel y 55 millones de euros de multa, al acusarlo también de blanqueo; Rafael Gómez, conocido como 'Sandokán', para el que pide 18 meses de prisión y 1,2 millones de multa; y los responsables de Aifos, para los que solicita cinco años y ocho millones de multa.
La organización de la trama
Según la acusación, en la organización presuntamente creada por Roca cada uno asume una función, distinguiendo entre "quienes asumen funciones directivas de aquellos otros que de modo puntual colaboran en la llevanza de los negocios, contribuyendo al encubrimiento y reciclaje de los fondos ilegalmente obtenidos por dicho procesado en asuntos concretos". La especialización "llega incluso al apartado de seguridad".
El fiscal destaca el "amplio" entramado societario, formado, de una parte, por más de 70 empresas, "para adquirir o negociar con bienes de propiedad municipal, valiéndose de la especial posición de poder que el señor Roca ostentaba, obteniendo importantes beneficios económicos, siempre a costa de las arcas municipales".
Alude también a la empresa Maras Asesores, en cuyo registro los investigadores hallaron archivos informáticos "en los que se reflejan apuntes de ingresos y salidas de unos fondos que llegan a su poder"; que serían de "ciertos empresarios al procesado y que tienen que ver con negocios que éstos han llevado a cabo en la localidad".
La acusación pública indica en su escrito que los fondos con los que supuestamente Roca aplicaba a los sobornos de los munícipes y empleados del Ayuntamiento "procedían de los pagos que hacían a dicho procesado los distintos promotores y empresarios".