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Iñaki Urdangarín se enfrenta hasta a 23 años años de cárcel

Iñaki Urdangarín llega a la ciudad de la justicia de BarcelonaEFE

Una acusación en forma de escrito se presentará ante el juez Castro en las próximas semanas, cita en la que el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, podría enfrentarse hasta a 23 años de cárcel y que son seis los delitos que se le imputan. Malversación, falsedad, prevaricación y fraude, además de otros dos fiscales. Asimismo, su socio colaborador, Diego Torres, podría presentarse en los tribunales con cinco delitos a su cargo, por lo que su condena podría ascender a los 19 años de prisión.

Parece que las Navidades no serán una época de paz en la Casa Real. Y es que El Mundo publicaba en exclusiva que el fiscal Anticorrupción acusará a Urdangarín de delitos penados con hasta 23 años de cárcel.

Una acusación en forma de escrito de acusación que se presentará ante el juez Castro en las próximas semanas, según el diario, en el que además solicitará la apertura del juicio oral.

El fiscal adscrito a la causa, Pedro Horrach, plantea inculpar de un delito más a Urdangarín que al que era su socio, Diego Torres. Serían seis las infracciones penales al duque de Palma: malversación, falsedad, prevaricación, fraude y dos fiscales. Por ello, Torres se enfrentaría a una pena máxima de 19 años de prisión. Eso sí, habría igualdad en la multa que el fiscal pedirá a ambos, que asciende a 3'5 millones de euros.
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Cabe destacar que el fiscal Horrach no imputará a Iñaki Urdangarín por blanqueo, ya que la legislación en el momento de autos (entre 2004 y 2008), no castigaba con precisión el autoblanqueo. Algo que favorece a la Infanta Cristina para librarse de este tipo penal, si bien es cierto que el fiscal general del Estado ya había advertido que no habrá petición de pena para la hija del Rey. Existen dudas de si también se exonerará a la esposa de Torres, Ana Tejeiro.

Tanto Iñaki Urdangarín como Diego Torres están acusados de servirse de empresas pantalla para pagar, de forma fraudulenta, menos al Fisco, acogiéndose al Impuesto de Sociedades en lugar de tributar por la vía del IRPF. Además, el fiscal sostiene que las adjudicaciones a dedo primaron la discrecionalidad, tanto en los contratos suscritos con la Generalitat Valencina, en la época de Francisco Camps y el Ayuntamiento de Valencia encabezado por Rita Barberá; así como aquellos que se firmaron con el Govern de las Islas Baleares que presidía Jaume Matas.