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El Gobierno valenciano amañó contratos para adjudicárselos a dedo a empresas de Correa

El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado en la sesión de control parlamentario de Les Corts Valencianes que confía "de verdad en la justicia y en la verdad" y por eso está "tranquilo", tanto él como sus compañeros.
Camps, que ha respondido a las preguntas de la oposición sobre los contratos del Gobierno valenciano con empresas de la trama "Gürtel", ha reivindicado que en la época de gobierno socialista los contratos sin procedimiento de publicidad y concurrencia eran el 54 por ciento, frente al "menos del diez por cien" del PP.
Además, ha defendido que todos los informes de la Sindicatura de Cuentas indican que "todo está bajo el control de legalidad y en perfectas condiciones", aunque formula "alguna recomendación para una mejor gestión de los expedientes de contratación".
Camps ha acusado al portavoz del grupo socialista, Ángel Luna, de "presumiblemente" fraccionar contratos "habitualmente" cuando era alcalde de Alicante, y de que a quien le adjudicó el 24% de la contratación del Consistorio luego contrató a Luna en su propia empresa.
Contratos falseados y adjudicados 'a dedo'
El propio Luna ha mostrado poco antes un informe de la Unidad de Auxilio Judicial, que, según ha dicho, consta en el expediente del caso Gürtel que instruye el juez Pedreira y que refleja que se ha "vulnerado la legalidad" en 50 contrataciones de la Generalitat, a lo que Camps ha replicado que le parece "de lo más anómalo y extraño que la Intervención General del Estado utilice al portavoz de la oposición" en Les Corts para "hacernos ver cosas que no llegan de ninguna otra manera".
Los investigadores concluyen en el documento, al que ha tenido acceso Noticias Cuatro, que se fraccionaron 76 contratos para poder adjudicarlos sin concurso, por un total de más de un millón de euros. En el informe se subraya que los contratos se reparten entre 9 empresas distintas, pero todas ellas del grupo de Correa. Además apuntan otras irregularidades como duplicidad de pagos, y abonos por servicios sin prestar. La Generalitat niega validez a los datos del informe y el presidente Camps asegura que las cuentas de la comunidad están fiscalizadas.