El Gobierno prepara un real decreto para relanzar la interconexión gasista por Cataluña con Francia

En 2012, el Gobierno aprobó un real decreto ley de medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista que suponía la paralización preventiva del proyecto.

El gabinete dirigido por Álvaro Nadal prepara un real decreto ley que recoge el procedimiento de restablecimiento de la tramitación del proyecto de las instalaciones vinculadas a la interconexión con Francia, así como de las plantas de regasificación en la Península que fueron hibernadas.

Según consta en la memoria del proyecto de real decreto ley, consultado por Europa Press, se procede al restablecimiento de la tramitación de las instalaciones de la interconexión para cumplir con los compromisos internacionales, con el objeto de disponer de las instalaciones necesarias para garantizar el suministro, profundizar en el mercado interior de la energía y fomentar el aplanamiento de precios en el mercado mayorista con el resto de países de la Unión Europea.

En concreto, el proyecto consiste en un gasoducto de 224 kilómetros, unos 120 kilómetros a cada lado de la frontera y una estación de compresión en el lado español.

La inversión estimada del proyecto asciende a 472 millones de euros, de los cuales 152 millones de euros corresponde a inversiones del lado español y 320 millones de euros al lado francés. Incluye los gasoductos Martorell-Figueras, tramo norte (Hostalric-Figueras), Figueras-Frontera Francesa y de la estación de comprensión de Martorell, que se vieron paralizados por el real decreto ley 13/2012, de 30 marzo.

Asimismo, el proyecto de real decreto incluye diversas modificaciones de Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, relativas a la baja del sistema retributivo de instalaciones en extensión de vida útil, ya amortizadas, que no son necesarias para garantizar el suministro a medio y largo plazo.

En este sentido, el marco regulatorio actual reconoce que cuando una instalación ha finalizado su vida útil regulatoria, pasa a cobrar un incentivo por extensión de vida útil, así como una retribución por costes de operación y mantenimiento, a pesar de que la realidad de la demanda demuestre que ya no es necesaria para el sistema.

CAPACIDAD DE VAPORIZACIÓN.

A este respecto, Energía señala la capacidad de vaporización disponible en plantas de gasificación, ya que actualmente las plantas de GNL son capaces de gasificar 1.830 gigavatios hora (GWh) diarios (sin contar la capacidad de El Musel), estando prácticamente 1.550 GWh/día de esta capacidad en extensión de vida útil, cuando parte de esta capacidad no ha sido necesaria durante los últimos años ni parece que lo vaya a ser en el medio/largo plazo.

Así, el Ministerio señala en su memoria de análisis de impacto del proyecto de real decreto ley, que algunos de estos vaporizadores están operativos desde 1982, por lo que considerando que tienen una vida útil regulatoria de 10 años, llevan más de 25 años de extensión de vida con un coste aproximado anual de 1,2 millones.

Por otra parte, el proyecto de real decreto, remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para informe y para que se realice trámite de audiencia a través del Consejo Consultivo de Hidrocarburo, desarrolla otros aspectos como el procedimiento de inhabilitación de las empresas comercializadoras y el traspaso de clientes a una empresa comercializadora de último recurso.

Además, desarrolla también la estructura de algunos peajes de acceso de terceros a las instalaciones gasistas, al objeto de permitir la realización de ciertas operaciones e incrementar los ingresos del sistema.