"El Gobierno ha irrumpido en la TDT de pago como elefante en cacharrería"
PRISACuatro/CNN+
21/08/200909:50 h.El consejero delegado de PRISA ha señalado que no hay una guerra de medios, sino "una guerra del Gobierno contra medios independientes". Para Cebrián, la aprobación de este decreto ley es una "guinda" más de una forma de gobernar "por capricho".
Hace una semana, el Consejo de Ministros dio luz verde a la TDT de pago a través de un real decreto ley, un recurso legislativo que se aplica en casos de extraordinaria y urgente necesidad. El Consejo de Estado se oponía a que la reforma fuera tramitada de urgencia. La fórmula requiere ahora de la convalidación del Parlamento, aproximadamente en el plazo de un mes.
"Lo que nos preocupa no es la competencia entre dos grupos, sino la calidad democrática", ha indicado Cebrián, quien ha calificado el comportamiento del Gobierno de "propio de una república bananera" y que crea "inseguridad jurídica" a la empresas.
Sobre la ruptura de las negociaciones con Imagina (empresa que lidera GAMP, el grupo de productoras integradas en el accionariado de La Sexta), Cebrián ha afirmado que se frenaron porque no había acuerdo con los valores de la compañía, pero el principal problema era identificar quién era el verdadero negociador. "Hay que saber quien está negociando al otro lado de la mesa", según Cebrián, que ha denunciado que se trataba de alguien vinculado al Boletín Oficial del Estado. "Hay que poner fin a la intervención del Gobierno en el mercado", ha añadido.
Cebrián ha apuntado al Ministerio de Industria como el impulsor de este decreto. "Procede de un ministerio que propone quitarnos la corbata para ahorrar energía", ha criticado el consejero delegado. "No hubo ninguna documentación a disposición de los ministros, es una voz de mando". En opinión de Cebrián, en un negocio en el que se mueven 5.000 millones de euros el Gobierno tiene que ser "cuidadoso".
Cebrián ha recordado que con el Gobierno de José María Aznar ya se produjeron decisiones intervencionistas en el mercado para favorecer a Telefónica. "Ahora nos encontramos con que las decisiones arbitrarias pueden llevar a que el Gobierno también tenga que indemnizar a las empresas", como ya ocurrió con el Ejecutivo del PP.