El Gobierno aportará dinero de los Presupuestos si el Fondo de Financiación Autonómico lo requiere

Así consta en la memoria de impacto económico que acompaña al decreto ley de Medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, aprobado el 26 de diciembre por el Consejo de Ministros para facilitar una financiación más barata a las administraciones territoriales y que se acompaña también de un proyecto de ley.

Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, las necesidades de financiación del Fondo de las Comunidades Autónomas serán absorbidas mediante la dotación prevista en el Presupuesto de 2015 para el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que quedará integrado en aquél junto con un nuevo Fondo Social y la Facilidad Financiera.

Sin embargo, los recursos definitivos necesarios no se podrán calcular hasta saber cuántas comunidades autónomas de las que cumplen los objetivos de estabilidad, deuda y plazo de pago a proveedores se acogen a dicha Facilidad Financiera, lo que podría hacer necesarios nuevos fondos que, "en todo caso, se financiarían a través de los Presupuestos Generales del Estado".

SIN INCIDENCIA EN EL DÉFICIT

No obstante, el Gobierno está convencido de que la demanda de recursos del Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas "no supondrá un incremento del gasto público ni tendrá incidencia sobre el déficit público", ni del Estado ni del conjunto de las administraciones públicas, que en 2015 tienen unos límites del 2,9% y del 4,2%, respectivamente.

Y es que el objetivo de este Fondo es "financiar vencimientos y necesidades de déficit público previstas o pendientes de financiar", por lo que su uso sólo supondrá la "conversión de la deuda correspondiente a obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores ya ejecutadas y registradas previamente" en deuda financiera de las administraciones territoriales con el Estado.

Con el nuevo Fondo de Financiación las comunidades autónomas podrán ahorrarse unos 5.550 millones de euros, gracias a un tipo cero en las operaciones de refinanciación y reestructuración de deuda, a la Facilidad Financiera, al nuevo FLA (que funcionará básicamente como hasta ahora) y al Fondo Social, que pondrá a su disposición unos 1.000 millones de euros para pagar facturas derivadas de convenios con los ayuntamientos que están pendientes de pago.

TAMBIÉN PARA LOS AYUNTAMIENTOS

En el mismo decreto, que previsiblemente será convalidado por el Pleno del Congreso en una sesión extraordinaria que se celebrará la semana del 19 de enero, el Gobierno también reconfigura los mecanismos de financiación de los ayuntamientos, poniendo en marcha un nuevo Fondo de Financiación de las Entidades Locales, constituido por un Fondo de Ordenación y otro de Impulso Económico, destinados respectivamente a las haciendas locales con problemas y a las saneadas.

El Ejecutivo confía en que tampoco estos dos nuevos mecanismos conlleven un incremento del gasto público ni del déficit, dado que se destinan a financiar vencimientos previstos, y cuenta con que los 820 millones de euros con los que estará dotado salgan sin problemas del FLA de 2015. No obstante, en caso de requerirse una dotación adicional de recursos, éstos se financiarán a través del Presupuesto del Estado.

En este caso, dado que el Fondo de Impulso Económico puede utilizarse para financiar proyectos de inversión relevantes o financieramente sostenibles, sí podría suponer un incremento de deuda y ser fuente de déficit, si bien en ningún caso esta posibilidad debería provocar problemas para que los ayuntamientos cumplan con sus compromisos de gasto ni de plazos de pago a proveedores.

Con el nuevo Fondo de Financiación a las Entidades Locales el Gobierno espera que las haciendas locales se ahorren 1.621 millones de euros.

POSITIVO PARA LA ECONOMÍA

Con carácter general, el Gobierno confía en que estas medidas tendrán un efecto positivo para toda la economía, ya que al permitir que las administraciones territoriales accedan en mejores condiciones al crédito se conseguirá una reducción en el coste de su financiación, lo que permitirá avanzar en el saneamiento de sus balances y "asegurará la correcta prestación y la continuidad de los servicios".

Igualmente, el Ministerio de Hacienda se muestra convencido de que la modificación de la Ley de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera --actualmente en tramitación en el Congreso y cuya memoria de impacto también recoge Europa Press-- será positiva para los proveedores de servicios, porque podrán cobrar de manera más ágil, lo que les facilitará la liquidez y el mantenimiento del empleo.