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La Generalitat subirá el IRPF a los catalanes que ganen más de 120.000 euros

El Govern subirá el IRPF a los catalanes que ganen más de 120.000 eurosCNN+/Cuatro
El tripartito ha cerrado hoy un acuerdo para subir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los ciudadanos que ganen más de 120.000 euros, lo que afectará al 0,5 por ciento de los contribuyentes catalanes, según ha avanzado hoy el conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.
La subida se materializa con la creación de dos nuevos tramos en la parte autonómica del IRPF para las rentas más altas, que sube dos puntos para las rentas superiores a 120.000 euros, y cuatro puntos para las rentas superiores a 175.000 euros.
Castells ha avanzado hoy que la Generalitat confía recaudar 75 millones de euros más con estas medidas. "Todo ayuda a reducir el déficit", ha asegurado Castells, quien ha dejado claro que en ningún caso, se suben los impuestos a las clases populares. Según los datos oficiales e la Generalitat, los nuevos tramos del IRPF afectarán a 20.000 contribuyentes.
El IRPF es un impuesto la mitad del cual se ingresa en las arcas del Estado y la otra mitad, a la de las comunidades autónomas, y la Generalitat tiene competencia sobre la parte que ingresa, por lo que tiene plena capacidad legislativa sobre ella.
Si el Estado no decreta una subida de impuestos en su parte competencial, ello significa que los catalanes más ricos pagarán más IRPF. Actualmente, el tope máximo era del 43 por ciento. Ahora, para quienes tienen una renta anual entre 120.000 y 175.000 euros, el IRPF que deberán ingresar será del 45 por ciento. En total, aportarán el 21,5 por ciento de su renta anual al Estado y el 23,5 por ciento, a la Generalitat.
Quienes ingresen más de 175.000 euros tributarán un 47 por ciento del IRPF. En total, el 21,5 por ciento de su renta anual irá al Estado y el 25,5 por ciento a la Generalitat.
No habrá más subidas de impuestos
Castells ha dejado claro que no habrá ninguna otra subida de impuestos por parte de la Generalitat, y ha asegurado que se está a la espera del anuncio que ha hecho el Gobierno central, de que haya un incremento de la fiscalidad para los más ricos, que puede ser mediante el IRPF o mediante otra figura impositiva.
El debate sobre este acuerdo de Govern ha ido acompañado estos últimos días de una gran polémica, sobre todo porque ICV-EUiA amenazó en no convalidar el recorte en su tramitación en el Parlament si no se concretaba hoy la subida del IRPF a las clases altas. Con las medidas aprobadas hoy, los ecosocialistas ven colmadas sus reivindicaciones.
Desaparecen 63 empresas dependientes de la Generalitat
Castells ha anunciado también otras medidas de recorte para reducir el déficit, entre las que destacan la desaparición de 63 entidades dependientes de la Generalitat, el 26 por ciento de las 247 actuales (lo que supondrá un ahorro de 25 millones), y la postergación de inversiones en obra pública (obra civil y edificación) por 531 millones (400 de Gisa, Ifercat -L9 del Metro- y la constructora de equipamientos del Institut Català de Finances (ICF)).
Las medidas, que complementan a las aprobadas el sábado, se vehiculan en cuatro acuerdos de Govern: medidas de personal, derechos de asistencia, otros gastos de entes y regularización de acuerdos vigentes, ha explicado Castells. En total, el Govern prevé reducir el déficit de la Generalitat en 1.670 millones en 2010, hasta dejarlo en 4.700 millones, el 2,40 por ciento del PIB, cumpliendo así los objetivos de estabilidad.
De las 63 empresas a reducir -la mayoría sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones-, el 25 por ciento se integrarán en otras, el 24 por ciento se disolverán, el 21 por ciento se fusionarán, del 19% se desvincularán la Generalitat, el 8 por ciento se liquidarán y el 3 por ciento serán consorcios que se dejarán sin estructura.
Castells ha argumentado que el objetivo es "racionalizar y simplificar el sector público", pero ha matizado que "prescindir del 26 por ciento de las entidades no significa que se reducirá el 26 por ciento del personal".
Baleares también plantea una subida para las rentas más altas
El presidente del Gobierno balear, Francesc Antich, ha planteado hoy una subida de un punto en el tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a 100.000 euros, con el fin de recaudar unos 2 millones de euros anuales, al tiempo que propuso elevar el tipo del 7 al 8 por ciento del Impuesto de Transmisiones en el caso de bienes inmuebles superiores a 450.000 euros para recaudar cerca de 3 millones de euros.
Asimismo, en el Pleno del Parlamento balear para explicar las medidas que pretende adoptar el Gobierno autonómico para reducir el déficit público hasta el 2013, Antich ha propuesto una tarifa progresiva en el Impuesto de Sucesiones, que iría desde el 1 por ciento en el tramo de hasta 600.000 euros de base liquidable, hasta el 20 por ciento para el tramo superior a los 3 millones de euros, con el objetivo de recaudar 8 millones de euros anuales.
Por otra parte, ha planteado la creación de un impuesto ambiental que grave las actuaciones económicas de grandes empresas que repercutan en el medio ambiente, con el fin de recaudar 18 millones de euros anuales, mientras que, por otro lado, ha anunciado que se "intensificará" el esfuerzo contra el fraude fiscal.
Por tanto, Antich ha remarcado con todas estas medidas fiscales que afectan "a los que más tienen" y que deberán ser pactadas con la oposición para ser aprobadas, podría significar una capacidad de ingresos entorno a los 25 o 30 millones de euros, en función de las liquidaciones que se produzcan.
Así, ha dicho que estos ingresos se sumarían a los 103 millones de euros que el Gobierno balear reducirá en gastos a través de seis medidas de ahorro, de los cuales 30 millones provendrán de la supresión de las Consejerías de Trabajo y Agricultura y Pesca y la reducción de una media del 5 por ciento de los salarios de los trabajadores públicos, así como un 15 por ciento de media los sueldos de los políticos de la Administración autonómica y los gerentes de las empresas públicas.