El juez Garzón declara ante el Supremo por las escuchas del "caso Gürtel"

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha negado ante el Tribunal Supremo haber prevaricado o vulnerado la intimidad de varios de los procesados en el "caso Gürtel" al ordenar intervenir las comunicaciones que mantuvieron en prisión con sus abogados.

El titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional ha declarado por espacio de cuatro horas, desde las 10:30 hasta las 14:30, ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que instruye la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez, letrado que representa al empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados en el "caso Gürtel".

Garzón se ha negado a contestar a las preguntas de las acusaciones y sólo ha contestado a las del fiscal y las de su abogado, Francisco Baena Bocanegra, así como a las que ha hecho el instructor.

"No ha sabido dar explicaciones"

A su salida de la declaración, Peláez ha indicado a los medios de comunicación que el magistrado no ha sabido dar explicaciones de la razón por la que no desglosó la intervención de las conversaciones que afectaban al derecho de defensa.

El letrado que presentó la querella ha dicho que lamentaba no haber tenido el respaldo del Colegio de Abogados de Madrid y haber tenido que tomar la iniciativa de querellarse en solitario "defendiendo la profesión de la abogacía".

Tímidos apoyos a su entrada

El juez Garzón ha llegado en coche y, con gesto grave, ha entrado por la puerta lateral del alto tribunal, pasadas las diez y cuarto de la mañana, segundos después de que lo hayan hecho sus querellantes.

Una señora ha coreado a su entrada "adelante, no te rindas", mientras otras personas portaban carteles en los que se podía leer "más jueces como Garzón" y "diga lo que diga el Supremo, yo, Rajoy, apoyo a Camps", debajo de lo cual el manifestante había apuntado "yo apoyo a Garzón".

Tercera comparecencia ante el Supremo

Se trata de la tercera ocasión en la que Garzón comparece ante el alto tribunal en los últimos meses, tras haber declarado ya los pasados 9 de septiembre y 15 de abril en relación con las otras dos querellas que se tramitan contra él, la primera por prevaricar al investigar las desapariciones del franquismo y la segunda por un presunto cohecho y prevaricación en relación con los cobros que obtuvo por dirigir unos cursos en la Universidad de Nueva York.

El pasado 16 de abril el Supremo confirmó la admisión a trámite de esta tercera querella contra el juez de la Audiencia Nacional, presentada como acusador particular por el ex fiscal de este órgano y abogado de uno de los imputados del 'caso Gürtel', Ignacio Peláez. En esta causa Garzón es defendido por el abogado sevillano Francisco Baena Bocanegra.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló después todas las escuchas autorizadas por el juez Garzón, al considerarlas ilegales por vulnerar el derecho fundamental al derecho a la defensa.

"Irregularidades en la investigación"

Peláez destacaba en su querella determinadas actuaciones de Garzón, a su juicio irregulares durante la investigación del 'caso Gürtel', del que el magistrado de la Audiencia Nacional se inhibió el pasado 5 de marzo en favor del Supremo y los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia.

El abogado comenzaba denunciando que se incumplieron las normas de reparto de la Audiencia Nacional, pues las diligencias fiscales que originaron el 'caso Gürtel' fueron remitidas directamente a Garzón alegando su conexión con otra investigación preexistente (el denominado 'caso BBVA') a pesar de lo cual el juez no abrió pieza separada sino unas diligencias independientes.

Además, Garzón habría tardado cinco días -entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2008- en notificar a dos de los imputados cuyas conversaciones fueron intervenidas -Francisco Correa y Antonio Crespo-, que debían nombrar a otro letrado, al haber sido también imputado José Antonio López Rubal, que era el abogado que hasta entonces tenían nombrado.

Igualmente, según la querella, Garzón habría prorrogado la intervención de las comunicaciones en prisión, a pesar de que quince días antes ya se había declarado incompetente en esta causa e inhibido en favor de los tribunales superiores.