La Fiscalía acusa a los militares del Yak de invención en las investigaciones

En la octava sesión del juicio por el Yak-42, el fiscal, Fernando Burgos, ha asegurado que los tres mandos militares acusados cometieron una "invención" en las identificaciones para repatriar a España los cadáveres "con mucha prisa", decisión que se tomó "desde el primer momento".

Así lo ha mostrado en el informe final expuesto por el fiscal en la Audiencia Nacional que juzga al general de Sanidad Vicente Navarro, al comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez por un delito continuado de falsedad documental.

Burgos pide 5 años de cárcel para Navarro y 4 años y medio para José Ramírez y Miguel Sáez por un delito continuado de falsedad documental. Además ha solicitado una multa y una pena de inhabilitación especial para cada uno de los tres acusados: de 30.000 euros y 5 años para Navarro y de 24.000 euros y 4 años y medio para Ramírez y Sáez.

Aunque ha considerado a Navarro "dominador" de todos estos actos de falsedad por su condición de jefe de la misión, Burgos ha considerado que los otros dos acusados sabían que en las bolsas y en los féretros "no están los restos de las personas que dicen", así que no los considera exentos.

Peticiones de los familiares

Por otro lado, la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe ha pedido este lunes al tribunal que siga investigando hasta conocer "quién dio la orden de repatriar los cuerpos" de las víctimas al principal acusado, el general Vicente Navarro.

Su abogado, Leopoldo Gay, ha realizado esta petición al exponer su informe definitivo de conclusiones. Un informe en el pide seis años de prisión para para los tres mandos militares que están acusados de identificar erróneamente a 30 de los 62 muertos en Turquía. Se plantea, también, pedir deducciones de testimonio" por la existencia de "hechos que podrían derivar en una instrucción penal".

Fuera de la sala de vistas, el abogado ha destacado que durante el juicio podrían haberse producido conductas constitutivas de un delito de encubrimiento y falsedad documental. Además, ha añadido que "ha habido acciones posteriores a las identificaciones que han endurecido el daño" de las víctimas.

Otro de los abogados de una de las acusaciones pide que se investigue a los "autores intelectuales" de la tragedia. Con este objetivo, Diego Sarabia, ha reclamado la deducción de testimonio del general Félix Sanz Roldán y del ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Luís Alejandre, por falso testimonio y del entonces número tres de Defensa Javier Jiménez Ugarte por encubrimiento.