La Fiscalía pide prisión para el maquinista del Alvia e indemnización para las víctimas

Así lo recoge el escrito de acusación presentado este martes por el Fiscal, Antonio Roma, ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, que instruye la causa abierta tras el siniestro y cerrada por el magistrado Andrés Lago el pasado 7 de octubre con el maquinista como único imputado.

En sus conclusiones provisionales, el fiscal hace referencia a la cualificación profesional del maquinista, así como al hecho de que la vía, en todo su trazado, disponía de un sistema de seguridad Asfa, así como el sistema ERTMS nivel 1 excepto en su extremo inicial y en las inmediaciones de Santiago, donde se produjo el siniestro.

También menciona que el vehículo contaba con la homologación y revisiones precisas para circular y a que el sistema ERTMS embarcado había sido desconectado en junio de 2012 por incompatibilidades.

En lo relativo al día de los hechos, el Ministerio Fiscal apunta a datos que "evidencian una conducción desatenta en el trayecto" desde que el acusado tomó los mandos del convoy, como el registro de una "bajada brusca de velocidad" a las 20.10 horas del 24 de julio de 2013 y la activación del freno 'hombre muerto' a las 20.15 horas y a las 20.17 horas.

Entre otras incidencias, apunta a la detección de un exceso de velocidad a las 20.29 horas de ese día --por el sistema Asfa-- y a otro aviso semejante a las 20.30 horas, al tiempo que, indica, el maquinista atendió una llamada a las 20.17 horas.

Una llamada "inadecuadamente extensa"

También hace referencia la Fiscalía en su escrito a la llamada "inadecuadamente extensa" que el acusado estaba atendiendo en los momentos anteriores al siniestro, la que realizó a las 20.39 horas el interventor del tren y que se mantuvo durante 100 segundos.

Para Antonio Roma, el maquinista debía conocer por su experiencia la necesidad de "concentrar su atención" en el tramo en el que se encontraba, en el que se produce una reducción de velocidad de 200 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora antes de que la vía entre en la curva de A Grandeira.

En este sentido, atribuye a su "exclusiva responsabilidad" la decisión de "aceptar la llamada" en función de las "circunstancias" que afectan a su "función primordial de garantizar la seguridad del vehículo y de sus ocupantes" e incluso de "finalizar la comunicación si las mismas circunstancias lo requerían".

"El acusado omitió la mínima atención de sus deberes profesionales al permanecer atento al contenido de una llamada que en ese momento era inadecuadamente extensa", recoge el escrito del fiscal, que añade que en los 100 segundos que duró la conversación "el acusado no desarrolló más actividad que el reconocimiento de la zona neutra y no realizó la correspondiente reducción de velocidad en los 5.540 metros recorridos, en quebranto de las mínimas reglas de atención y profesionales que le son exigibles".

De hecho, el fiscal asegura que el maquinista "omitió observar" varias señales que informaban de la proximidad al cambio de velocidad en este periodo y que mantuvo una "conversación extensa" en un punto crítico, "relativa a una circunstancia que no implica urgencia" y que "pudo estudiarse sin riesgo ninguno mientras el vehículo se encontrase detenido en Santiago".

A pesar de activar el frenado de servicio a las 20.40.58 horas y el freno de emergencia a las 20.40.59 horas, la reducción de velocidad del tren desde los 200 kilómetros por hora a los que viajaba a los 179,38 kilómetros por hora no impidió que descarrilase a su paso por la curva de A Grandeira, en Angrois.

80 víctimas

Como consecuencia de estos hechos, el fiscal considera al maquinista autor de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional en relación a los 80 fallecidos en el siniestro, y de 144 delitos de lesiones relativos a los heridos. Paralelamente, lo acusa de un delito de daños.

Además de las víctimas mortales y heridos, Fiscalía recoge desperfectos en la estructura ferroviaria titularidad de Adif por valor de 1.368.081 euros, entre los que destacan los gastos por trenes talleres --223.768 euros--, instalaciones de seguridad y telecomunicaciones --181.500 euros-- o servicio de tracción --64.503 euros-- derivados del accidente.

Cuatro años de prisión

Por ello, Antonio Roma solicita para el acusado una pena de cuatro años de prisión, así como inhabilitación especial para la profesión de maquinista de ferrocarriles durante seis años.

A mayores, el acusado indemnizará, con responsabilidad directa de QBE Insurance y LTD y subsidiaria de Renfe, a las víctimas del siniestro con más de 42,89 millones de euros. En concreto, el fiscal solicita que las indemnizaciones por las víctimas mortales asciendan hasta los 32.356.484 millones de euros en conjunto, mientras que para los lesionados sean 10.542.478 euros.

Asimismo, reclama que se sufraguen a todos los perjudicados por lesiones los gastos médicos derivados del siniestro, la rehabilitación, fisioterapia, tratamiento farmacológico o asistencia psicológica que se acredite, así como el transporte y manutención relacionado con sus tratamientos y cualquier otro gasto relacionado con los hechos.

Finalmente, pide para el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias una indemnización de 1.368.081 euros por los daños y desperfectos generados en la vía.

El abogado, en desacuerdo con la petición

Manuel Prieto, abogado del maquinista, se ha mostrado en desacuerdo con que el Ministerio Fiscal pida para su defendido cuatro años de prisión, "lo máximo posible".

Y es que a su juicio, según ha subrayado en declaraciones a Europa Press, Garzón Amo "no debería estar imputado", y sí exaltos cargos de Adif (el administrador de infraestructuras ferroviarias), entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento con la responsabilidad de velar por la seguridad en la vía.

De hecho, Prieto, en su recurso al cierre de la instrucción de la causa por parte del juez Andrés Lago, alegó "falta de responsabilidad" del conductor en el accidente que provocó 80 muertes y 144 heridos, al "no tener" la línea Ourense-Santiago "las medidas de seguridad necesarias".

Ahora, el letrado advierte de que ha vuelto a solicitar la nulidad de las actuaciones, al entender que "no se están haciendo las cosas bien". "Hay un recurso de QBE --aseguradora de Renfe-- pidiendo --al magistrado-- que aclare el auto --de cierre de la investigación--", destaca, antes de argumentar que, en consecuencia, el plazo de presentación del escrito de acusación por parte del fiscal debería estar "suspendido".

En cualquier caso, la defensa del maquinista anticipa que acudirá a la Audiencia Provincial una vez Lago resuelva sobre los mencionados recursos, que se suman a los presentados por las víctimas, acusaciones particulares y popular.