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La Fiscalía pide prisión para seis de los nueve detenidos por corrupción en Santa Coloma

El fiscal anticorrupción Luis Pastor ha colicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que decrete la prisión incondicional de seis de los nueve detenidos en la 'operación Pretoria'. Los acusados responden por una presunta trama de corrupción que habría tenido su epicentro en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
En concreto, el Ministerio Público pide el ingreso en prisión del presunto 'cerebro' de la trama, el ex diputado del PSC Luis García y para los ex altos cargos de CiU Maci Alavedra y Lluís Prenafeta. Además solicita cárcel para el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC), el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el director gerente de Servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma, Pasqual Vela.
Para los empresarios Luis Casamitjana (presidente del Grupo Espais) y Manuel Carrillo (consejero delegado de Limasa Mediterránea) el fiscal supedita la puesta en libertad al pago de sendas fianzas. El último en comparecer ante Garzón ha sido el presidente de Proinosa, Josep Singla, a quien también se impone una fianza, de 500.000 euros, para eludir la prisión.
Según las fuentes consultadas, todos los comparecientes contestaron a las preguntas formuladas por el juez y el fiscal y trataron de desvincularse de la trama defendiendo que sus actividades siempre han sido legales.
Los políticos

El alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, está acusado de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal, pero no del de blanqueo de capitales, según ha explicado su letrado, Fermín Morales.
Alavedra y Prenafeta, por su parte, han declarado durante 45 minutos y una hora, aproximadamente, según ha explicado su abogado, Juan Córdoba. "Se encuentran mal anímicamente aunque no han necesitado asistencia forense", ha explicado.
La investigación, dirigida por el juez Garzón y el fiscal anticorrupción Luis Pastor, se centra en averiguar si desde el consistorio se dio trato de favor a algunas empresas adjudicándoles servicios y terrenos. Estas operaciones se habrían efectuado desde la empresa municipal Gramepark, creada en 1988 para la creación y gestión de aparcamientos y vivienda pública en el municipio.