Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Continúan los tira y afloja por el juez Garzón

Así lo han pedido en el escrito de conclusiones provisionales que han presentado hoy en el TS, de 85 folios y en el que reclaman que se abra juicio oral al juez de la Audiencia Nacional y que se le exija una fianza de 60.000 euros para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias. Califican los hechos como un delito continuado de prevaricación, por el que piden para Garzón multa de 21.600 euros e inhabilitación por 20 años "con pérdida definitiva del cargo que ostenta, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial".
En el texto, Manos Limpias y Libertad e Identidad aseguran que el juez de la Audiencia Nacional en este asunto dictó resoluciones cuando era consciente de que carecía de competencia para ello y de que no existían hechos con relevancia penal que justificaran la incoación de un procedimiento penal. Además sostienen que Garzón "ha vulnerado el sistema de fuentes de derecho y el principio de legalidad en materia penal mediante el empleo de convenios internacionales no aplicables" y "no ha respetado el principio de legalidad, dejando sin aplicación la Ley de Amnistía que fuera establecida por las mismas Cortes Constituyentes que elaboraron la Constitución".
Ambos querellantes consideran también que "las dudas sobre la legalidad de una norma deben solventarse mediante una cuestión de inconstitucionalidad elevada ante el Tribunal Constitucional" y "lo que no puede hacer un juez es decidir por su personal criterio qué ley es la aplicable y cuál no". La otra acusación en este asunto, Falange Española de las Jons, solicitó ayer la misma pena para Garzón y falta que se pronuncie la Fiscalía, que previsiblemente pedirá el archivo de esta causa.
El pasado 7 de abril el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela transformó en procedimiento abreviado las diligencias abiertas a Garzón por estos hechos y dio a las partes un plazo de diez días para que presenten escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.
200.000 firmas contra la suspensión de Garzón
Asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica y colectivos de víctimas del franquismo aseguran haber recogido unas 200.000 firmas que el próximo jueves entregarán al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exigirle que no suspenda al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En el texto, las asociaciones señalan que este órgano y el Tribunal Supremo van a decidir sobre la suspensión y el procesamiento de Garzón "por tratar de juzgar el genocidio español, ejercido durante la dictadura franquista, a instancia de las querellas presentadas por los grupos ultraderechistas Falange Española y Manos Limpias".
Ambas instancias "se enfrentan ahora a una decisión histórica: respetar la Ley y las libertades constitucionales o permitir que la ideología y la impunidad prevalezcan sobre los criterios de la Justicia", añade el escrito, titulado "Un millón de voces en defensa de las víctimas del franquismo. Por la democracia, por los derechos humanos y en apoyo al juez Garzón".
Cataluña homenajea a Garzón
La Generalitat de Cataluña, a través del Memorial Democratic, y la plataforma ciudadana 'Un clam de justícia' ha celebrado en Barcelona un acto en apoyo al juez Baltasar Garzón. Bajo el lema "el olvido es un insulto a la conciencia y a la dignidad humana", la convocatoria busca denunciar que Falange y Manos Limpias quieran sentar al magistrado en el banquillo por haber querido investigar los daños a las víctimas de la dictadura franquista.
Memorial Democratic considera que el procesamiento de Garzón es "un ataque a los principios básicos de la democracia". Su director, Miquel Caminal, exige a los poderes del Estado "contundencia en la denuncia de los crímenes del franquismo" y hace un llamamiento a la "unidad del mundo de la cultura y la ciudadanía".