El CGPJ exige "respeto" a los jueces tras un nuevo revés a Garzón

Nuevo batacazo a los intereses del juez Baltasar Garzón. El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la querella contra el juez Garzón por investigar los crímenes del franquismo, Luciano Varela, ha aplazado su decisión sobre las pruebas que pidió en esta causa.

Así lo ha acordado Varela en una resolución, en la que indica que una vez que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal decida sobre el recurso del juez de la Audiencia Nacional, "se resolverá sobre la admisión de dichas diligencias".

Entre las pruebas solicitadas por Garzón figura la declaración como testigos de varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que, de algún modo u otro, han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad.

El pasado mes de febrero, Varela rechazó archivar la causa abierta a Garzón por un delito de prevaricación, en un auto en el que concluyó que éste decidió conscientemente ignorar u orillar" la Ley de Amnistía al declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.

Garzón recurrió

A los pocos días, el juez de la Audiencia Nacional recurrió esta decisión al estimar "insostenibles", "incomprensibles" y "sin fundamento jurídico" los argumentos de Varela.

Además de pedir que se dejara sin efecto el citado auto, reclamó la práctica de nuevas diligencias tales como que se cite a declarar a la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte y al magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que declaró la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley de Punto Final que impedía juzgar a los represores del país suramericano.

También la declaración de Juan Guzmán Tapia, el juez chileno que en 1999 procesó a Augusto Pinochet y ordenó exhumaciones de víctimas del dictador, y de Hugo Relva, coordinador del Programa de Justicia Internacional de Amnistía Internacional.

Solicitó además que declaren representantes de las Asociaciones de Memoria Histórica, tres magistrados de la Audiencia Nacional que defendieron jurídicamente sus decisiones (José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel), el fiscal jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, y el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, entre otros.

La Falange, se personará

La Falange Española de las Jons ha conseguido personarse como acusación particular en la causa que el Supremo mantiene abierta contra el juez Garzón por un presunto delito de prevaricación en su investigación de los crímenes del franquismo. Esto va a permitir a la organización de ultraderecha tener acceso a toda la documentación del caso.

La APM contra Zapatero

Por otra parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, ha asegurado que el pronunciamiento que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, realizó sobre el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que se enfrenta a tres querellas en su contra aceptadas por el Tribunal Supremo, resultó "inoportuno" y "gravemente irresponsable".

Zapatero manifestó su respeto por la acción de la Justicia, si bien agregó que "la inmensa mayoría de los españoles sabe de la valentía del juez Garzón en la lucha contra el terrorismo de ETA". "Esa trayectoria está siempre presente en la mayoría de los españoles, en el Gobierno y en quien lo preside", señaló Zapatero.

El CGPJ pide respeto

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho pública una declaración institucional en la que exige "el máximo respeto, nacional e internacional, hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales españoles".

El órgano de gobierno de los jueces se pronuncia así acerca de las "informaciones, comentarios y opiniones" que políticos españoles y extranjeros han expresado en los últimos días acerca de las causas que el Tribunal Supremo sigue contra el juez Baltasar Garzón y del auto en el que su compañero Eloy Velasco apuntó indicios de la cooperación de Venezuela con ETA y las FARC.