El Tribunal de Cuentas obliga a Artur Mas y a diez cargos más a pagar los 5,2 millones de euros que costó el el 9-N, aunque Mas ha reiterado que no se le puede volver a juzgar por algo que ya se juzgó en lo penal. José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Supremo, ha declarado que este argumento no es legítimo, ya que el Tribunal de Cuentas hace un enjuiciamiento contable, que se da cuando se han utilizado unos fondos y no se ha dado razón del uso, por lo que se impone la restitución.
