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El Gobierno promueve la denuncia y da cobijo y formación a las víctimas de explotación sexual

El pasado 24 de septiembre, el Ministerio de Igualdad sacaba a la palestra su paquete de medidas para erradicar la trata de personas. Un borrador con el que pretende sensibilizar a la ciudadanía y elaborar un plan de acción conjunto entre ONGs, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y las Comunidades Autónomas.
Se trata del 'Plan Integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual', que sería el primer paso para acabar con, en palabras de Bibiana Aído, Ministra de Igualdad, "un delito lamentable y odioso". Sus objetivos son los siguientes:
1. Sensibilizar a la ciudadanía sobre el problema
2. Fijar políticas activas de cooperación con las que combatir las causas: el hambre, la miseria, la guerra...
3. Establecer, desde el Gobierno, las garantías jurídicas y condiciones suficientes para que las mujeres se sientan seguras y denuncien.
4. En el Plan se implican once ministerios, las organizaciones no gubernamentales y las Comunidades Autónomas.
 
En el borrador se contemplan medidas como asistencia letrada gratuita, protección especial para los testigos y, la más comentada: ofrecer un mes de plazo para las personas sin papeles que decidan denunciar, sin que sean expulsadas. Además recibirán asistencia social y jurídica, ayudas económicas durante un tiempo y serán alojadas en centros de acogida.
 
Por otro lado, el Plan incluye también la formación de profesionales preparados para ayudar a las prostitutas víctimas y poder detectar con mayor eficacia estos delitos. Además, el Gobierno pondrá en marcha campañas de concienciación y sensibilización. "Es un delito que toma a las mujeres, las niñas y los niños como un objeto de mercancía", sentenciaba Aído durante el acto de presentación del Plan.
 
Las críticas
 
Algunos colectivos, muy sensibilizados con la explotación sexual de mujeres, consideran insuficiente el contenido del borrador. Consideran que el Plan es poco ambicioso e incluso las cifras que manejan son mucho mayores a las indicadas por el Ministerio. Algo que no resulta extraño ya que, al tratarse de una actividad ilegal, es muy difícil cuantificarla. Así, la Comisión Mixta por los Derechos Humanos dice que el problema afecta a 400.000 mujeres e implica a cerca de 15 millones de clientes.